Un Tribunal Constitucional cuestionado frente a casos claves del país
De cuidado. En el año, el máximo intérprete de la Constitución debe resolver disputas sobre la excarcelación de Fujimori, la prisión de Castillo, los peajes de Puente Piedra, competencias entre la Fiscalía y la JNJ por los procesos de Patricias Benavides, millonarios tributos, entre otras.
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El actual Tribunal Constitucional (TC), cuestionado desde su conformación en una objetada elección en el Congreso y recientemente por ordenar liberar al expresidente Alberto Fujimori, condenado por homicidio y corrupción, debe resolver este año casos claves para el país.
Destaca el pedido del magistrado Manuel Monteagudo de anular la decisión favorable al exdictador por no haberse sometido el asunto a evaluación del pleno, sino solo a cuatro miembros, y no considerar las consecuencias jurídicas de la disposición contraria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH). Critica que uno de los tres magistrados que votaron a favor se había pronunciado antes en pro del indulto a Fujimori, en alusión a Gustavo Gutiérrez Ticse.
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“Aún está pendiente. Seguramente en las próximas sesiones que convoque el presidente del tribunal vamos a tener que resolver. (…) Debe ser en la próxima sesión, lo más inmediato, entiendo. ( …) Iniciamos el año del TC el día martes y ya tenemos un primer pleno el día lunes. Va a verse la parte administrativa y probablemente también este tema, inicialmente, al menos”, dijo Gutiérrez el último jueves 11 en Canal N.
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En otros casos por resolver, están las cinco demandas de habeas corpus para liberar al expresidente Pedro Castillo, actualmente en prisión preventiva tras intentar dar un golpe de Estado. Estos quedaron listos para el voto de los magistrados a inicios de diciembre último.
En el caso de los peajes de Puente Piedra, hay una acción de habeas corpus contra la empresa Rutas de Lima, concesionaria de un tramo de la carretera Panamericana Norte en la capital del país, y otra de amparo contra la Municipalidad de Lima. También están pendientes de votación.
En esa misma fase está la demanda competencial del Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, planteó al TC que anule las investigaciones que la Junta inició en su contra. Alegó que la JNJ no tiene competencia para revisar su gestión.
Tribunal Constitucional. Foto: difusión
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Además, hay una acción de amparo de Scotiabank contra Sunat (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria). La corporación financiera pretende anular la fiscalización tributaria que concluyó que hizo operaciones falsas para apropiarse de unos 48 millones de soles por IGV (Impuesto General a las Ventas), según ratificó la Corte Suprema, y apuntaría a que el Estado le devuelva luego unos 500 millones de soles. El TC programó sesión de vista de la causa para el próximo viernes 19. La abogada y excandidata presidencial Lourdes Flores representa a la multinacional.
También hay una demanda competencial de la Defensoría del Pueblo contra la Presidencia del Consejo de Ministros, por un presunto menoscabo de atribuciones por interferencia y otra de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo contra una ordenanza del Gobierno Regional de Áncash.
Otros casos por verse en el TC son las demandas contra la ley de protección policial, la ampliación de plazo de formalización de la minería, la ley que permitió el despacho remoto de la Presidencia de la República, y la modificación de la ley forestal.
A la derecha
Este TC está compuesto mayoritariamente por magistrados afines o comprometidos con la derecha dura y el fujimorismo.
Su presidente, Francisco Morales Saravia, fue secretario general del TC del 2008 al 2012, designado por quien lo encabezaba, Carlos Mesía, que luego sería congresista fujimorista. Con una comisión, Morales nombró asesora a la esposa de Mesía, Milushka Carrasco, sin cumplir requisitos, según un informe de la Contraloría que se encarpetó hasta que el caso prescribió. Expectorado por este pasado, Morales puso demandas judiciales contra el TC exigiendo reintegro de remuneraciones y beneficios, y ganó.
El 2018 dio servicios al Ministerio Público, cuando lo dirigía Pedro Chávarry, considerado un aliado del fujimorismo, y al estudio de Humberto Abanto, abogado de Fuerza Popular y de investigados en el caso Cuellos Blancos. En el 2020 integró el consejo consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso por recomendación de ya en ese momento ‘naranja’ Mesías.
Con el apoyo fujimorista, ha llegado a ser magistrado del TC.
Su colega Luz Pacheco, vicepresidenta del Tribunal, es integrante importante del conservador Opus Dei, donde conocidos miembros, como el cardenal Juan Luis Cipriani y los excongresistas Martha Chávez y Rafael Rey, han servido al fujimorismo.
Como ponente del caso de Fujimori, lo favoreció y alegó en televisión que no debe acatarse lo resuelto por la Corte IDH. “Solo se cumple el 15%, los estados no cumplen muchas veces, consideran que esa decisión de la corte se extralimita en su competencia”, adujo en Canal N.
Gutiérrez fue abogado del partido conservador Renovación Popular y expositor en eventos del grupo ultraderechista La Resistencia. Fue salvado de la exclusión del proceso por el fujimorismo y Avanza País.
El magistrado Pedro Hernández, exasesor de Gutiérrez, elegido con especial respaldo del fujimorismo y sus aliados, refuerza el bloque en mayoría.
El nuevo año llegó cargado en casos en el TC y el peso por los cuestionamientos a este fuero complican escenarios y no permiten disipar preocupaciones.
Principales casos por resolver este año
Indulto a Fujimori: pedido de nulidad
El magistrado Manuel Monteagudo, en oficio al presidente del TC, Francisco Morales, plantea anular la resolución que restituyó el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Alegó que el auto debió ser evaluado por todo el pleno y no solo por cuatro (tres votaron a favor) y considerar las advertencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, se vería “lo más pronto”.
Alberto Fujimori saliendo del INPE. Foto: difusión
Habeas corpus para liberar a Castillo
El TC dejó al voto, el pasado 4 de diciembre, cinco demandas de habeas corpus que buscan que se excarcele al expresidente Pedro Castillo, preso en el penal de Barbadillo. Fueron interpuestas por su familia, defensa legal y simpatizantes, contra el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el coronel Harvey Colchado, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Congreso y el Poder Judicial, entre otros.
Pedro Castillo. Foto: difusión
Peajes de Puente Piedra
El Pleno también dejó al voto las acciones de habeas corpus y de amparo presentadas contra la corporación Rutas de Lima SAC y la Municipalidad Metropolitana de Lima por los peajes de la zona de Chillón, en Puente Piedra. En la última audiencia, a inicios de diciembre, el alcalde Rafael López-Aliaga solicitó que las casetas vuelvan a ser administradas por Emape, del municipio. La magistrada Luz Pacheco pidió a ambas partes acordar rutas alternas.
Peajes de Puente Piedra. Foto: difusión
Demanda competencial de Fiscalía a JNJ
El TC dejó al voto la demanda competencial presentada por el Ministerio Público, entonces encabezado por Patricia Benavides, contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En este conflicto, la Fiscalía de Benavides alegaba que la JNJ menoscabó sus competencias constitucionales porque había iniciado investigaciones contra ella. De este modo, buscaba que el TC anule esas indagaciones y se refuerce en el manejo de la Fiscalía.
Patricia Benavides. Foto: difusión
Scotiabank en caso de defraudación tributaria
El TC programó para el 19 de enero vista de causa de la demanda de amparo de Scotiabank que pide anular una decisión de la Corte Suprema que ratificó la fiscalización de Sunat que concluyó que operaciones comerciales por compra y venta de oro del Banco Wiesse (hoy Scotiabank) en 1997 y 1998 fueron ficticias en términos tributarios y sirvieron para que se apropie indebidamente de unos 48 millones de soles. Lourdes Flores defiende a Scotiabank.
Scotiabank. Foto: difusión
Objeción en lo político y un avance
Enfoque. Alberto Cruces, constitucionalista, profesor de la PUCP
El 2024 en el TC estará marcado por consecuencias del caso competencial entre Poder Judicial y Congreso: falló que hay acciones políticas no cuestionables judicialmente. Otros actos del Parlamento pondrán a prueba si se eso sigue.
Este TC ha tenido decisiones buenas y muy cuestionables. Hay deferencia a la labor política del Congreso y dio resoluciones proderechos en los casos de Ricardo Morán, control de identidad, la píldora del día siguiente y acceso al agua potable. Esa parece la tónica a seguir el 2024: casos políticos con cuestionamientos y otros que refuerzan derechos.
Otra vez hay siete magistrados, tras operar solo con seis. Funcionarán dos salas y la presidencia retomará la dirección como lo principal.
La inclinación del TC seguiría: un bloque mayoritario y Monteagudo en usual voto singular. Hernández parece alineado con Gutiérrez, pero se verá cómo se posiciona.
