A espaldas del Vaticano, el Sodalicio saca su dinero de Perú para no reparar a los sobrevivientes
En evidencia. A seis años del destape del caso Sodalicio, la controvertida organización religiosa movió su dinero mediante varias offshore en Panamá y Estados Unidos, a espaldas del Vaticano y del fisco peruano.
Por: Raiza Arroyo y Paola Ugaz
Desde la ventana de la casa del Sodalicio en Bogotá, ubicada en Carrera 20 # 127b-66, en el barrio La Calleja, Jaime Manuel Baertl Gómez fuma compulsivamente mientras habla por videollamada con Juan Carlos y Javier Len, sus abogados en Lima, Ary Alcántara Valdivia (del estudio Osterling abogados) y Gonzalo Flores Santana: ‘’¿Qué m… está pasando? ¿Por qué sigue abierta la posibilidad de ser investigado por lavado de activos en el Perú? ¿Qué diablos les pasa a todos?’’.
La organización católica Sodalitium Christianae Vitae es una moneda de dos caras: una, la del fundador, Luis Fernando Figari Rodrigo, acusado de presuntos abusos sexuales y protegido en Roma del alcance de la justicia peruana; y Jaime Manuel Baertl Gómez, acusado de supuestas malas prácticas empresariales e idear junto al actual arzobispo de Piura, José Eguren Anselmi, un sistema para defraudar al fisco para enriquecerse con su círculo más cercano.
A punto de cumplir 50 años en diciembre próximo, el Sodalicio buscó ocultar su poder económico al Vaticano y moverlo fuera del país, primero en Panamá, para luego trasladar el dinero a Denver, Estados Unidos, con el fin de no compensar como corresponde a las víctimas de abusos perpetrados por la organización religiosa.
Luego de la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados (2015), Jaime Baertl dirigió la operación de mover el dinero fuera del país mediante tres offshore en el paraíso financiero en Panamá: Fundación San Ignacio, Providential Inc. y Fundación Santa Rosa.
El mecanismo
La República revela el astuto mecanismo con el que se inició el crecimiento del imperio económico del Sodalicio usando el concordato (acuerdo firmado entre Perú y el Vaticano en 1980), para la presunta intención de defraudar al fisco peruano.
Todo empezó en 1999, cuando la Asociación Civil San Juan Bautista, que tenía como presidente el actual arzobispo de Piura y Tumbes, José Eguren Anselmi, atravesaba una serie de dificultades económicas para continuar operando el cementerio Parque del Recuerdo en Lurín.
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A los pocos días que una parte del terreno del cementerio fue embargado, el 29 de junio de 1999, el sacerdote sodálite Jaime Baertl Gómez constituyó en Panamá la offshore Pusan Foundation con un capital de 10 mil dólares. Luego le cambió de nombre a Fundación San Ignacio.
A los 8 meses de constituida, la offshore pagó con dinero de fuente desconocida hasta hoy una deuda de la Asociación Civil San Juan Bautista por 1 millón 700 mil dólares, y a cambio adquirió el dominio del 50 por ciento del cementerio, que tenía que ser donado a otra institución también vinculada con el Sodalicio.
El 23 de junio del 2000, el arzobispo Eguren informó ante los accionistas de la Asociación Civil San Juan Bautista que en abril de ese año Raúl Guinea Larco conversó con el entonces obispo de Lurín para que constituya una persona jurídica de la Iglesia católica, con la finalidad de que, junto con la offshore de Jaime Baertl, le donen el 100% del cementerio bajo ciertas condiciones.
La dirección, administración y control de la persona jurídica estaría a cargo de manera exclusiva del Sodalicio. Las rentas y utilidades también serían para el Sodalicio. El obispo de Lurín aceptó y se constituyó el 24 de junio del 2000 la Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo, que tendría como director general al sodálite Juan Carlos Len Álvarez.
Con la ayuda de un equipo de abogados, el Sodalicio en pleno se reunió un 19 de enero del 2001 en una notaría que ya no existe más: Ramón Espinosa Garreta, para poner en blanco y negro la donación del cementerio entre dos entidades manejadas por el Sodalicio: la Asociación Civil San Juan Bautista y la Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo.
Como parte de la Asociación Civil San Juan Bautista, firmaron el sodálite José Ambrozic Velezmoro, Raúl Guinea Larco; como parte de la misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo suscribió el sodálite Juan Carlos Len Álvarez, quien no se identificó como de profesión religioso sino administrador. Y como parte del Sodalitium Christianae Vitae firmaron Eduardo Regal Villa y José Antonio Eguren Anselmi, y en representación de la offshore Fundación San Ignacio, puso su rúbrica el sacerdote Jaime Baertl.
Raúl Guinea Larco, Asociación Civil San Juan Bautista. El 2016 fue denunciado públicamente por irregularidades en el manejo del dinero de los cementerios. Foto: difusión
La donación se acordó entre los representantes de la asociación, la misión, el Sodalitium Christianae Vitae, cuya dirección en el documento era la casa de Luis Fernando Figari, ubicada en La Pinta 130, en San Isidro, y la offshore.
La Misión Católica del Parque del Recuerdo, según el escrito notarial, es una persona jurídica de la Iglesia católica y goza dentro del territorio peruano de la personería de derecho público interno en virtud de estipulado en el Concordato, acuerdo internacional celebrado entre la Santa Sede y la República del Perú, el 19 de julio de 1980.
La offshore de Jaime Baertl, Fundación San Ignacio, adquirió el 50 por ciento de los derechos del cementerio.
La justificación de la participación del Sodalitium Christianae Vitae, por intermedio de Eduardo Regal y el arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, “es en virtud a que se le ha encomendado a perpetuidad la misión y en consecuencia debe velar por el cumplimiento de los fines de dicha misión, los medios que se utilicen para ello y asimismo es responsable de conservar la dignidad sagrada del cementerio católico Parque del Recuerdo, que es objeto de la presente donación”.
Esta operación significaba “donar” el cementerio al arzobispado de la localidad y así ponerlo bajo el paraguas del Concordato, lo que implicaba –según su interpretación– ser una isla tributaria: no pagar impuestos, ganando más del 30% al 50% que los demás cementerios que operaban sin el Concordato y no tener que presentar ante Sunat ningún documento sobre sus operaciones.
Esas eran las ventajas obtenidas por aplicar este mecanismo, pues si los cementerios se quedaban bajo la titularidad de la Asociación Civil San Juan Bautista, solo habrían estado exonerados del impuesto a la renta, según explicó a La República el abogado tributarista Klever Espinoza.
Este esquema de donaciones ficticias fue replicado en los siete cementerios constituidos por el Sodalicio en todo el país: Lurín, Callao, Puente Piedra, Piura, Tacna, Ica y Arequipa. Este mecanismo enriqueció al Sodalicio.
En efecto, José Eguren, como arzobispo de Piura, replicó este mismo mecanismo en Piura, bajo la creación de la Misión Nuestra Señora de las Mercedes, el 28 de octubre del 2008, que recibió de la Asociación Civil San Juan Bautista la donación de otro cementerio pero con las exactas condiciones del caso de Lurín.
De nuevo, la dirección, administración y control de la misión estaría a cargo del Sodalicio y las rentas serían solo para el Sodalicio.
Crearon el mecanismo: Jaime Manuel Baerti Gómez, José Antonio Eguren Anselmi, Eduardo Antonio Regal Villa, José Ambrozic Velezmoro, Juan Carlos Len Álvarez y Raúl Guinea Larco. Foto: composición LR
Lima, Panamá, Denver
Los capitostes del Sodalicio movieron los bienes de su buque insignia: Inversiones San José SAC, para que, por un lado, la mano de la justicia peruana no los alcance y, por el otro, que el equipo del Vaticano que los investiga por abusos no conozca de su poder económico.
Además de la offshore Fundación San Ignacio, creada en 1999 por Jaime Baertl, el Sodalicio compró dos offshore más que hasta ahora se mantuvieron en el anonimato y sirvieron de puente para transferir sus principales activos a Denver, en Colorado (Estados Unidos), donde recibirán las utilidades de sus ingentes negocios en Perú que se calculan en más de mil millones de dólares: Fundación Santa Rosa, constituida por Dirserv Inc., relacionada con 68 empresas vinculadas al caso de los Paradise Papers; y Providential Group Inc., constituida por Istmeña Internacional S.A., y Azuero Inversionista S.A., que son investigadas por la Fiscalía Anticorrupción de Panamá por formar parte de la red de offshore de Odebrecht. La constructora las usó para pagar sobornos a funcionarios públicos. Fueron creadas en diciembre del 2007 y febrero del 2008, respectivamente.
Según los registros públicos panameños, la presidencia de Fundación Santa Rosa de Lima fue asumida por Juan Carlos Len; el procurador del Sodalicio ante la Santa Sede, Enrique Elías Dupuy, ejerce como tesorero; José Ambrozic Velezmoro es secretario; y el abogado Gonzalo Flores Santana fue designado vocal. En tanto, Providential Group Inc. nombró como único representante al abogado Ary Alcántara Valvidia, del estudio Osterling abogados.
De marzo a junio de 2016 –a cinco meses de la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados–, la offshore Providential Group Inc. absorbió el 59% de las acciones y propiedades de la holding Inversiones San José. El otro 38% fue adquirido por el empresario chileno y director de Latam Airlines, Juan José Cueto; y el 3 por ciento restante lo conservó el gerente general de Inversiones San José, Mario Rivarola Morán.
El papel de Juan José Cueto es clave para la operación Sodalicio S. A., porque es el socio que aporta liquidez a los negocios en momentos que no la tienen. A su vez, ellos devuelven los préstamos con los intereses más altos del sistema financiero.
Luego las offshore Fundación Santa Rosa y Providential Group Inc. se movieron a Denver, Estados Unidos. Tienen la misma dirección que la Iglesia Holy Name Catholic Parish, en 3290 West Milan Avenue Englewood, Colorado, CO 8110, que pertenece al Sodalicio y donde el párroco es el sodálite Daniel Cardó, hijo del exministro de Educación Andrés Cardó Franco.
Providential Group Inc. y Fundación Santa Rosa registran el mismo agente, Mahaffey H. William. El 20 de noviembre del 2018, ambas offshore cambiaron de domicilio en Denver consignando nuevamente una misma dirección, que corresponde al estudio jurídico norteamericano LRRC Service Company LLC, que habría asesorado anteriormente al Sodalitium Christianae Vitae en el proceso de reparación a las víctimas llevado a cabo por la Comisión Investigadora presidida por Ian Elliot.
Es decir, el Sodalicio mueve la mayor parte de su capital en secreto del fisco peruano y el Vaticano a una offshore en Panamá y otras dos en Colorado, Estados Unidos. Pero no les pasa nada.
Habla el exsodalite Félix Neyra
Para mí, Figari era Dios, más que el mismo Jesucristo. Estaba dispuesto a dar mi vida por Figari. Era, y te repetían eso, tu familia.
El tema base era: te vas a salvar porque tienes un hijo religioso, por ello lucraban con muchísimas cosas bajo el criterio de la religiosidad.
Saqué un calculo una vez y lo que entregó mi papá al Sodalicio superó los $500,000 dolares, a través de la herencia completa que nos dio mi mamá y las donaciones extras que entregó durante el tiempo que estuvimos yo, mi hermano James y mi hermana. Mi papá fue totalmente mano abierta a la comunidad durante todo el tiempo que estuvimos en el Sodalicio.
Al momento que salí de la comunidad, al igual que mi hermano salimos sin profesión alguna, a valernos en la vida. Mi papá (Felix Neyra García) fue un militar que ahorró mucho dinero pero que no hizo empresa y por ayudarnos acabó sus días con apuros económicos. Cuando le pedimos ayuda al Sodalicio nos hicieron pasar por otro proceso de revictimización y no nos dieron nada. La comisión externa me declaró a mi víctima y mando que la comunidad me devuelva la herencia que mi mamá me había dejado y que yo entregué a la comunidad, y al final el Sodalicio me dijo que determinó que no habían pruebas de ese dinero y que por lo tanto no me declaraban víctima y que no me iban a entregar nada.
Mi papá padeció su enfermedad (cáncer a la garganta) gastándose hasta el último centavo que tenía. Él les pidió ayuda y tuvo conversaciones con Sandro Moroni y le pidió ayuda económica para solventar dos operaciones que ascendian a $80,000 o $90,000 y le respondieron que sí y que le reconocían todo su esfuerzo y que lo iban a ayudar con $8,000 dólares. Entonces, mi papá no aceptó esos $8,000 dólares. Y, como les digo, fue una frustración muy grande porque yo siento que a pesar de que nosotros hemos hecho muchos esfuerzos por estar bien y por salir adelante, somos el ejemplo muy claro de una familia que dio todo por esta institución y así la maltrataron. De verdad, siento que le dimos todo, y no digo todo exagerando, le di mi tiempo, mi vida, mi dinero y yo sí puedo decir con certeza que no he recibido absolutamente nada a cambio, ni mi familia, ni mi papá. Mi papá falleció el año pasado y si bien se fue muy amargado del Sodalicio, su fe católica siguió intacta. Eso sí, mi papá murió en paz y lleno de amor.
No solo es en mi caso, a todos los casos cercanos de amigos o personas que han pasado por esta institución han pasado lo mismo, la injusticia es inmensa.
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