Fiscal Pérez critica que se use el coronavirus como pretexto para excarcelar a investigados por corrupción

“Vemos, escuchamos o leemos a connotados abogados defendiendo el deshacinamiento de las cárceles, o la excarcelación de internos procesados, como un mecanismo para prevenir el contagio del Covid-19 en la población penitenciaria”, expresó el fiscal del Equipo Especial, José Domingo Pérez, en una reciente exposición virtual: “Pero, detrás de esa ardorosa defensa, lo que existe es la defensa de los intereses de sus clientes investigados por delitos graves de corrupción y lavado de activos”.

Pérez aludía a los casos del exsecretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama; del exprimer ministro, César Villanueva; y la exalcadesa limeña Susana Villarán, entre otros.

“En otras palabras, es una gestión (de esos abogados) en favor de los intereses de sus clientes, empleando los medios de comunicación masiva. Y no solo en medios de prensa abierta sino también (lo hacen) en redes sociales para conseguir decisiones administrativas y judiciales favorables a sus intereses”, afirmó Pérez.

En el evento organizado por los fiscales superiores y provinciales en el que participó como ponente José Domingo Pérez se tituló “Corrupción y crimen organizado en tiempos de la COVID-19”, Pérez criticó que los letrados se presenten como líderes de opinión independientes, cuando lo cierto es que son defensores de procesados por delitos de corrupción y lavado de activos, particularmente de los los casos Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto.

“¿Quiénes son los pocos abogados defensores que han logrado que se excarcele a casi la totalidad de procesados de los casos emblemáticos, bajo el amparo del deshacinamiento de los penales por riesgo de contagio de la COVID-19? Son los que hicieron fue una defensa de los intereses de sus clientes y no una defensa de la gran población penitenciaria vulnerable y en estado de precariedad”, expresó el fiscal José Domingo Pérez.

También denunció que el Equipo Especial era objeto de un incesante ataque que busca desacreditar a sus integrantes, alentada por personas relacionadas con los procesados por los casos de corrupción.

“Primero, se busca deslegitimar a los jueces y fiscales que se oponen o discrepan con la excarcelación de los internos procesados con graves casos de corrupción o lavado de activos. Segundo, se busca uniformizar el discurso en defensa del deshacinamiento de los penales para que la ciudadanía ni reproche la excarcelación de los internos procesados por graves casos de corrupción. Y, tercero, se busca imponer el mensaje a los operadores de justicia de que los delitos de corrupción y lavado de activos no son delitos peligrosos para la sociedad y así los internos procesados por estos hechos puedan ser privilegiados con su excarcelación”, explicó el fiscal del caso Lava Jato”, manifestó Pérez.

El fiscal mencionó la variación de prisión preventiva en la que participó el 6 de mayo pasado, sin referirse al nombre del involucrado. Por la fecha, se trataba de Jaime Yoshiyama, a quien, según el colaborador eficaz de Odebrecht, Jorge Barata, le entregó dinero para la campaña de Keiko Fujimori.

“El abogado defensor (José Abanto Verástegui) sustentó su pedido de cese de prisión preventiva alegando que su defendido era una persona de riesgo por padecer de una patología. Sin embargo, basó su pedido en los fundamentos del trámite de la cesación de prisión efectiva alegando nuevos elementos de convicción, como era el estado de riesgo sobre la COVID-19. Pero en su escrito no adjuntó documentación que generase convicción de que su defendido era una persona de riesgo en caso ser contagiado por el virus”, argumentó.

“Pareciera que el mediático abogado buscaba que el juez le diera la razón por una presión de los medios que al 6 de mayo eran incesantes, como un alud de noticias periodísticas de motines o tomas de penal, o estudiosos del derecho que opinaban a favor de las excarcelaciones, basándose en las recomendaciones de organismos internacionales”, expresó.

El fiscal resaltó que la actuación que tuvo el Ministerio Público frente a la carencia de documentos del abogado defensor José Abanto para acreditar los factores de riesgo y la enfermedad preexistente del detenido, fue solicitar al Instituto Nacional Penitenciario y al Instituto de Medicina Legal informes sobre si el investigado se encontraba en peligro, los que fueron entregados al juzgado para que fueran valorados durante la audiencia.

“La actuación fiscal va más allá de la simple persecución del delito en momentos como los actuales, en tiempos de Covid-19. Los fiscales han contribuido con los jueces para que se tomen decisiones debidas y ajustadas a la Constitución”, señaló.

En el caso de Jaime Yoshiyama, el juez rechazó el pedido del abogado Humberto Abanto declarándolo infundado y dispuso de oficio la variación de prisión preventiva por arresto domiciliario.