Basado en nuevos testimonios y evidencia documental incriminatorios, el fiscal José Domingo Pérez amplió los delitos imputados a Keiko Fujimori y a miembros de la cúpula del partido fujimorista que ocuparon puestos claves durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016. Además de lavado de activos, ahora la lideresa del fujimorismo será investigada por asociación ilícita, organización criminal, contra la administración de justicia (falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal) y contra la fe pública (falsedad genérica).
Los mismos presuntos delitos han sido imputados a los ex secretarios generales Jaime Yoshiyama Tanaka y José Chlimper Ackerman; a los exdirigentes Ana Herz de Vega, Pier Figari Mendoza; a los exaserores Augusto Bedoya Cámere y Vicente Silva Checa; a los extesoreros Adriana Tarazona Martínez, Antonieta Gutiérrez Rosatti y Ana Matsuno Fuchigami; la exsecretaria de la excandidata, Carmela Paucará Paxi; los excontadores Rafael Herrera Mariños y Érika Yoshiyama Koga; así como al exvocero fujimorista Jorge Trelles Montero.
La resolución fue adoptada por el fiscal Pérez luego de haber recibido testimonios como los del excongresista fujimorista Rolando Reátegui Flores, del extesorero Luis Mejía Lecca y del sobrino de Jaime Yoshiyama, Jorge Yoshiyama Sasaki, que reclutó a 46 falsos aportantes para depositar 800 mil dólares de origen desconocido, probablemente obtenidos de la constructora Odebrecht.
También incluye las confesiones del presidente del directorio de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, y del dueño del Grupo Gloria, Vito Rodríguez Rodríguez, quienes confesaron a la fiscalía haber entregado personalmente en efectivo y en maletas US$ 3,65 millones el primero, y US$ 200 mil, el segundo; fondos que nunca fueron declarados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Asimismo, son citadas las declaraciones del excongresista fujimorista Rolando Reátegui, quien aseguró haber sido convocado por Keiko Fujimori para transferir dinero de empresarios que no deseaban que aparecieran sus nombres. Para este fin, en coordinación con Ana Herz de Vega y Pier Figari, y la extesorera Adriana Tarazona, le entregaron el dinero para proporcionarlo a los falsos aportantes.
Jorge Yoshiyama Sasaki confesó que su tío Jaime Yoshiyama Tanaka -quien manejó la campaña de Keiko Fujimori en 2011- no solo le dio US$ 800 mil para distribuirlos entre los falsos aportantes. Dijo que cuando comenzó la investigación del caso, se dirigió a Keiko Fujimori para que le indicara qué hacer con los falsos aportantes que habían sido citados por las autoridades. Indicó que la excandidata le recomendó hablar con los abogados del Estudio Oré Guardia, al que pertenece su exabogado Edward García Navarro e integró su actual defensora Giuliana Loza Ávalos. Jorge Yoshiyama manifestó a los fiscales que en dicho estudios los falsos aportantes fueron instruidos para mentir a las autoridades.
Por eso, el fiscal Pérez concluye que "la organización criminal dirigida por Keiko Fujimori con fines delictivos interfiere hasta la fecha en el sistema legislativo y judicial, así como en el presente proceso".
En la misma línea, el fiscal Pérez se refiere a la declaración del expresidente del Congreso, el exfujimorista Daniel Salaverry Villa, quien señaló que Keiko Fujimori le indicó que mantuviera reuniones no oficiales con el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos, un personaje "blindado" por la mayoría fujimorista.
Las manifestaciones del extesorero, expersonero y exasesor legal de Fuerza Popular Luis Mejía Lecca contribuyen a demostrar que Keiko Fujimori montó una organización para manipular al partido fujimorista para su beneficio propio.
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Mejía además confirmó lo dicho por Jorge Yoshiyama, en el sentido de que los falsos aportantes del partido fujimorista fueron enviados al Estudio Oré Guardia para preparar sus declaraciones ante la fiscalía, con el expreso propósito de mentir a las autoridades.
Varios testigos citados por la fiscalía, entre ellos Jorge Yoshiyama, coinciden en que Keiko Fujimori les pidió que no mencionaran para nada los aportes de Odebrecht y mucho menos de los empresarios nacionales.
“En una visita familiar que hice a la casa de mi tío Jaime Yoshiyama, él me informó que había hablado con Keiko Fujimori y que ella le dijo: ‘Jaime, por si acaso debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht, hay que negar todo vínculo con esta compañía y su relación con nosotros’”.
El fiscal José Domingo Pérez resalta que durante las investigaciones pudo establecerse las vinculaciones de Keiko Fujimori con el ex vocal supremo César Hinostroza Pariachi. Ella estaba muy interesada en vincularse con este exjuez porque sabía que estaba en sus manos una casación que había interpuesto para dejar sin efecto el caso que investigaba el Equipo Especial.
Al respecto, Jorge Yoshiyama manifestó: "Sobre la relación de Keiko Fujimori con César Hinostroza, tengo conocimiento que cuando el recurso de casación llega a la Corte Suprema (...), ingresó a la sala de Hinostroza. (...) En una conversación con Keiko en su departamento de Surco, le pregunté sobre este tema. Me indicó que, en mayo de 2018, había entablado contacto con Hinostroza por intermedio del empresario Antonio Camayo Valverde y que todo iba a salir favorable a ella".
El fiscal Pérez acredita los testimonios de varios falsos aportantes, quienes confirmaron que fueron citados en el Estudio Oré Guardia para que, cuando se presentaran ante la fiscalía, afirmaran falsamente que sí habían donado a las campañas de Keiko Fujimori.
Jorge Yoshiyama identificó plenamente a más de 40 falsos aportantes que él mismo reclutó. Las autoridades confirmaron que el partido fujimorista los reportó como verdaderos aportantes ante la ONPE.
Como evidencia de los esfuerzos de Keiko Fujimori y de sus allegados, la fiscalía mencionó el testimonio de una figura importante en la cúpula fujimorista: Luis Mejía Lecca, quien relató que el brazo derecho de la ex candidata presidencial, Ana Herz de Vega, lo convocó a su residencia en La Molina. Documentos acopiados de la sede del partido naranja por trabajadoras de Mejía fueron desplazados a la vivienda de Herz. Luego, en una parrilla de esa casa, fueron incinerados documentos del movimiento de dinero de las campañas de Keiko Fujimori. Con las nuevas imputaciones, la fiscalía pediría nuevamente la detención preventiva de la ex candidata presidencial.
El fiscal José Domingo Pérez demostró que el partido fujimorista, en las dos campañas presidenciales de Keiko Fujimori, declaró falsamente ante la ONPE donaciones simuladas mediante terceras personas.
Por este motivo, la fiscalía le imputó a la ex candidata y otros miembros de la cúpula naranja los delitos contra la administración de justicia (falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal) y contra la fe pública (falsedad genérica).
Por el delito de organización criminal, la pena es prisión no menor de 8 años ni mayor de 15 años. Por el delito de asociación ilícita para delinquir, es no menor de 3 años ni mayor de 6 años.
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