Por: Juan Carlos Soto | Arequipa
Sobre el conflicto social en el Valle de Tambo circulan muchas versiones. Algunos analistas y políticos sostienen que un grupo violentista y minoritario se opone al proyecto Tía María de Southern Perú.
Pero no es la verdad. Al menos eso se desprende del Estudio de clima social y percepción sobre la futura actividad minera en el Valle de Tambo - Proyecto Tía María. En sus conclusiones se revela que el 70% identifica a la actividad minera como obstaculizadora del desarrollo de la provincia de Islay. Ese porcentaje se confronta a un 24% que no advierte peligro alguno en ninguna actividad económica incluida la minería.
La investigación se hizo entre noviembre y diciembre de 2018. En ese entonces, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) evaluaba otorgar la licencia de construcción a Tía María. Entonces necesitaba un estudio independiente para averiguar el clima social en el valle costero, escenario de conflictos en 2011 y 2015 que dejaron siete muertos y millonarias pérdidas económicas.
El equipo lo presidieron Olger Gutiérrez Aguilar y Gustavo Riesco Lind. Se aplicaron 504 encuestas asistidas en Mejía, Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón. Estos distritos forman parte del área de influencia del proyecto Tía María. Según la encuesta ese 70% opositor considera a la minería como una amenaza por la contaminación, problemas con el agua, perjuicio a la agricultura, etc. (ver infografía).
Los investigadores preguntaron ¿qué debería ocurrir para que miren con buenos ojos la actividad minera? El 31% respondió que no cambiará de opinión, 19% opinó que elijan otro lugar, 6% que no contaminen .
Los investigadores identifican los puntos de apoyo para obtener la llamada licencia social, el consentimiento de la comunidad para la inversión. En ese sentido solo el 15% aprecia a la minería como una futura fuente de empleo. El 86% se la juega por la agricultura, turismo, pesca, etc.
¿Qué debería ocurrir con la minería formal para que verdaderamente mejore su contribución? Es otra de las inquietudes. El 18% responde que debería apoyar al pueblo y 17% señala que debería aceptarse la mina para mejorar el desarrollo.
El trabajo de casi 200 páginas fue solicitado por Energía y Minas a las universidades San Pablo y Católica de Santa María.
Los resultados se expusieron ante funcionarios del Minen y Southern. Hubo cierta desazón y cuestionamiento a las conclusiones. Sobre todo en Raúl Jacob, gerente de Finanzas de la minera y vocero del proyecto Tía María. Para este ejecutivo lo valedero eran los resultados de Ipsos que aplicó un sondeo en la provincia de Islay en setiembre de 2018. Según esa investigación, financiada por la compañía minera, el 58% apoyaba el proyecto y solo 38% estaba en contra.
En el ministerio intentaron buscar un justo medio con ambos resultados distintos. Darían la licencia de construcción pero supeditada a trabajar más en la aceptación social. Inicialmente, reveló una fuente del Minen, la compañía pretendía el permiso sin condiciones. Iniciar los trabajos en forma inmediata. Pero lo advertido en el trabajo universitario neutralizó esa intención.
En el Ministerio de Energía y Minas apelaron a tres instrumentos para tomar una decisión: estudios propios, los de la minera y el elaborado por las universidades, cuyas conclusiones tampoco son determinantes en el rechazo al proyecto para Energía y Minas.
En estos estudios se reconoce que hay un núcleo duro de agricultores adultos mayores opuestos al proyecto, sin embargo, también hay cierta apertura en los jóvenes con opciones de trabajar en minería.
El desenlace de esta historia da cuenta de una fuerte oposición a Tía María, y al gobierno le faltó ponderar mejor eso.
Por qué los estudios de Ipsos y las universidades difieren. Una fuente cercana al Minem señala que la investigación de Ipsos comprendió lugares de Islay donde apoyan la inversión minera. Una de esas ciudades es Mollendo, la capital de Islay y alejada de Tía María.
En cambio, el de las universidades se hizo solo en el valle que comprende los distritos de Punta de Bombón, Deán Valdivia, Mejía, Cocachacra, en donde la mayoría se dedica a la agricultura y el comercio.
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