En Venezuela, con un servicio eléctrico subsidiado y prácticamente regalado, se ha vuelto costumbre que haya fallas eléctricas y este jueves 14 de octubre se registró un nuevo apagón, que según medios locales afecta mayormente a la capital (Caracas).
Desde las 10.00 a. m., aproximadamente, se reportó en redes sociales “un bajón de luz en algunas zonas del país”. Posteriormente, usuarios confirmaron que no tenían electricidad en localidades caraqueñas como Altamira, Los Palos Grandes, El Marqués o plaza Venezuela.
Sobre esto se refirió rápidamente el vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, quien denunció “un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional”, durante un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión.
“Se produjo una afectación del 30% de la energía eléctrica en la región capital”, detalló Reverol. “No se descarta que sea un ataque más dentro de lo que llamamos la guerra eléctrica”.
Explicó que “hubo un desprendimiento” en algunas líneas que surten de energía eléctrica al Distrito Capital (Caracas) e indicó que han “recuperado casi el 90% de la carga en una reacción inmediata que ha tenido toda la clase trabajadora”.
No es la primera vez que el régimen de Nicolás Maduro acusa a ciertos sectores en Venezuela de perpetrar una “guerra eléctrica” para alterar la paz, social. No obstante, especialistas han calificado de “pésimo” el servicio eléctrico en la nación caribeña.
De momento no se ha informado que se haya restablecido el servicio. “Más o menos una hora o dos”, respondió un empleado del Metro de Caracas —que ya suspendió sus labores momentáneamente— al canal NTN24.
En Twitter se vio a personas mientras caminaban por los rieles tras el apagón.
En estados como Miranda o La Guaira se ha reportado fallas en la electricidad, pero no como en Caracas. De hecho, en la capital mirandina (Los Teques) ciudadanas consultadas por este diario aclararon que rápidamente fue restablecido el servicio.
El ingeniero eléctrico y exviceministro de Energía, Víctor Poleo, le contó a la agencia EFE en agosto pasado que desde 2005 el Estado casi no ha hecho mantenimiento o inversión en el sistema.
Poleo señaló que durante la segunda mitad del siglo XX, en el país se planificó y construyó un “formidable” sistema eléctrico nacional. “Pero el siglo XXI en Venezuela ha sido de carencias de electricidad, un regreso a la barbarie”.
En 2019, Venezuela vivió un apagón nacional que se extendió casi una semana. Maduro aseguró que la falla masiva se debió a un sabotaje de la sala de control de Guri, afirmando, además, que hubo ataques “electromagnéticos” contra el sistema eléctrico.
Sin embargo, desde 2011, cuando el fallecido expresidente Hugo Chávez decretó la “emergencia eléctrica”, el país ya ha vivido varias fallas nacionales.
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La ONG Foro Penal denunció que en el país caribeño hay 260 ciudadanos detenidos a los que consideran “presos políticos”, uno menos que en su reporte de la semana pasada.
“(El) 14 de octubre, 260 presos políticos en Venezuela, según lista actualizada del Foro Penal”, dijo el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, a través de su cuenta en Twitter.
Detalló que, por género, de los 260 “presos políticos”, 245 son hombres y 15 son mujeres, mientras que por ocupación, 133 son militares y 127 son civiles.
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Además, entre los 260 detenidos por causas políticas, según la ONG, hay un adolescente.
En esta jornada, el empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro de Maduro, pidió el cumplimiento de una orden judicial que permite a su familia visitarle en Cabo Verde, donde está detenido a petición de Estados Unidos, que lo relama por supuesto blanqueo de dinero.
El Tribunal de Apelaciones de Barlovento, situado en la isla caboverdiana de San Vicente, “ha dictaminado que mi familia puede permanecer conmigo mientras estoy bajo arresto domiciliario restrictivo, por lo que no puede haber excusa para el retraso en la expedición del visado de mi familia”, afirmó Saab en una carta divulgada por sus abogados y dirigida al pueblo de Cabo Verde.
“En el caso del visado para mi familia, el Gobierno de Cabo Verde afirma que su presencia en el país ‘ejerce una presión indebida sobre el sistema legal’, mientras que la Policía habla de ‘preocupaciones de seguridad’”, alega el empresario.
Con información de EFE