
El gobierno de España y Brasil exigieron la liberación inmediata de los activistas Saif Abu Keshek y Thiago Ávila, detenidos por Israel tras la interceptación de una flotilla a Gaza en aguas internacionales. Ambos permanecen bajo custodia en medio de tensiones diplomáticas y denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La captura se produjo luego de que fuerzas israelíes detuvieran una misión de la Global Sumud Flotilla, compuesta por más de 50 embarcaciones que buscaban romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria al enclave palestino. Según autoridades locales, alrededor de 175 activistas fueron arrestados, aunque la mayoría fue liberada posteriormente.
Un tribunal en Ascalón resolvió extender por dos días la detención de Abu Keshek y Ávila. La organización de derechos humanos Adalah confirmó que no se han presentado cargos formales hasta el momento.
Durante la audiencia, el Ministerio Público los acusó de delitos como “asistir al enemigo en tiempo de guerra” y supuesta vinculación con una estructura considerada terrorista. Sin embargo, la defensa cuestionó la jurisdicción del Estado israelí y calificó el operativo como un “secuestro ilegal”, al haberse ejecutado en aguas internacionales.
Desde Madrid, el presidente Pedro Sánchez reiteró la exigencia de liberación y subrayó que su gobierno protegerá a sus ciudadanos. La cancillería española también informó que su cónsul en Tel Aviv acompañó al activista en la comparecencia judicial.
La organización Adalah señaló que los detenidos denunciaron “graves abusos físicos que equivalen a tortura”. De acuerdo con sus abogados, Ávila relató que fue arrastrado y golpeado hasta perder el conocimiento, mientras que Abu Keshek aseguró haber permanecido atado, con los ojos vendados y obligado a estar boca abajo durante el traslado.
Ambos se encuentran recluidos en la prisión de Shikma, donde, según la defensa, continúan en condiciones restrictivas. La embajada brasileña informó que Ávila presenta marcas visibles y dolor en el hombro luego de su detención.
Los organizadores de la flotilla sostienen que la interceptación y la retención ocurrieron a más de 1.000 kilómetros de Gaza, lo que consideran una violación del derecho internacional. Además, confirmaron que los prisioneros mantienen una huelga de hambre como medida de protesta.
El Ministerio de Exteriores israelí rechazó las denuncias de tortura. El portavoz Oren Marmorstein declaró a la AFP que las incriminaciones son “falsas e infundadas” y aseguró que las fuerzas actuaron conforme a la ley. También sostuvo que opusieron “resistencia física y violenta” en el transcurso de la operación.
Las autoridades israelíes relacionan a los activistas con la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero, señalada por Estados Unidos por presuntos vínculos con Hamás. Según la cancillería, Abu Keshek tendría un rol relevante en esa estructura, mientras que Ávila sería un colaborador.
España rechazó estas acusaciones y reiteró que la detención se produjo fuera del territorio israelí. La situación ha generado protestas en varias ciudades europeas y ha elevado la presión diplomática sobre Tel Aviv.





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