Gobernador de Sinaloa se separa del cargo mientras México investiga acusación de narcotráfico en su contra
Por su parte, la Fiscalía General de la República aseguró que no existen pruebas suficientes para detener a los funcionarios señalados y pedirá más evidencias a Estados Unidos.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó una licencia temporal para separarse del cargo en medio de acusaciones por narcotráfico presentadas por Estados Unidos. La decisión busca facilitar la investigación en curso, luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó a México su captura con fines de extradición junto a otros funcionarios.
El propio mandatario calificó las imputaciones como “falsas y dolosas” y comunicó su posición en un mensaje difundido en video. La medida también alcanzó al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, quien adoptó una acción similar tras ser incluido en la misma causa. En su lugar, y de manera interina, quedará en el puesto Yeraldine Bonilla Valverde.
Fiscalía mexicana descarta pruebas y pide más evidencias
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, hasta el momento, no existen elementos suficientes que permitan proceder contra los señalados. La institución indicó que solicitará a las autoridades estadounidenses más fundamentos que sustenten la acusación por vínculos con el cártel de Sinaloa.
Durante una conferencia, Raúl Jiménez, del área de asuntos internacionales de la Procuraduría, sostuvo que no hay base para una aprehensión inmediata. “No hay ninguna referencia, ningún fundamento ni evidencia que permita apreciar la urgencia de una detención provisional”, argumentó.
La separación del cargo elimina el fuero que protegía a los funcionarios, lo que abre la puerta a que sean investigados sin necesidad de un proceso legislativo previo. La resolución busca dar margen a las autoridades mexicanas para que revisen el caso sin restricciones jurídicas.
Sheinbaum rechaza intervencionismo
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a las acusaciones al exigir pruebas “irrefutables” y rechazar cualquier intervención extranjera. En un acto público, la mandataria defendió la soberanía nacional frente a la presión internacional.
“Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio”, afirmó, sin mencionar directamente a Washington. Su postura se produce en un contexto de creciente tensión con la administración de Donald Trump, que ha insistido en resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado.
La causa representa un desafío político para el partido Morena, ya que es la primera vez que un gobernador en funciones enfrenta señalamientos judiciales de este tipo desde el extranjero. La situación ha generado reacciones internas y cuestionamientos sobre la gestión institucional.
Acusación impacta revisión del T-MEC y política interna
La solicitud de extradición ocurre en un momento clave en las relaciones bilaterales, en plena revisión del tratado comercial T-MEC. Analistas advierten que el asunto podría afectar la confianza entre ambos países en temas de seguridad y comercio.
El periodista León Krauze apuntó que 'se agotó la paciencia en Washington' y sostuvo que existían señales previas sobre la presión hacia políticos vinculados al crimen organizado. A su juicio, el proceso refleja un cambio en la estrategia estadounidense.
Por su parte, el internacionalista Gabriel Guerra Castellanos consideró que el episodio marca un punto de inflexión al involucrar a un mandatario en funciones. Según explicó, el caso coloca a México en un panorama de confrontación con un socio que busca endurecer su visión.
En paralelo, el caso ha ocasionado movimientos dentro del escenario político nacional, con manifestaciones y debates en el partido oficialista. La decisión de Rocha Moya de dejar el cargo ha sido interpretada por algunos legisladores como una medida que permite avanzar en la investigación sin interferencias.
