
El presidente Daniel Noboa acusó a su homólogo Gustavo Petro de impulsar una "incursión guerrillera" en territorio ecuatoriano, lo que eleva la crisis con Colombia. El mandatario aseguró en la red social X que "varias fuentes" le informaron sobre el ingreso de combatientes por la frontera, aunque no presentó pruebas ni precisó detalles.
El señalamiento se produce en medio de una tensión diplomática creciente entre ambas naciones, marcada por disputas de seguridad fronteriza, narcotráfico y una guerra comercial. Noboa afirmó que su gobierno protegerá el territorio nacional, mientras Petro rechazó de inmediato las acusaciones y cuestionó la veracidad de la denuncia.
Horas más tarde, el jefe de Estado colombiano propuso un diálogo en la zona limítrofe, donde ambos enfrentan problemas de seguridad. "Vaya tú a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios; deje de creer mentiras", aseveró.
El intercambio se suma a una serie de incriminaciones cruzadas. Petro también señaló a Noboa de interferir en la política interna colombiana, mientras su contraparte criticó la falta de cooperación para frenar el tráfico de drogas en los más de 500 kilómetros de límites compartidos.
La disputa bilateral se trasladó al ámbito económico. Ecuador decidió aplicar aranceles progresivos a productos colombianos, que alcanzarán el 100% a partir del 1 de mayo. La medida busca presionar a su país vecino para reforzar el control en su margen y reducir el impacto de bandas organizadas.
Bogotá cuestionó estas decisiones por considerar que afectan acuerdos comerciales vigentes y respondió con medidas similares, aunque sin igualar el nivel máximo de gravámenes.
El conflicto comercial surgió tras denuncias de Quito sobre el ingreso de cocaína desde Colombia, que luego es enviada a mercados internacionales a través de puertos ecuatorianos. Según señalaron en el Palacio de Carondelet, esta dinámica alimenta la violencia interna.
La frontera entre ambos países se ha convertido en un punto crítico por la presencia de organizaciones criminales. En la zona operan disidencias de las FARC y otras estructuras dedicadas al tráfico de drogas, la minería ilegal y el contrabando.
En los últimos años, estos grupos han ampliado su influencia en territorio ecuatoriano. Entre ellos destacan el Frente Oliver Sinisterra y los Comandos de la Frontera, organizaciones que han sido señaladas por su participación en actividades ilícitas.
El gobierno ecuatoriano ha respondido con una política de seguridad más estricta. Noboa declaró como terroristas a varias de estas agrupaciones y ordenó operaciones militares en zonas fronterizas. Sin embargo, la violencia se mantiene en niveles altos, con una tasa de homicidios que supera los 50 por cada 100.000 habitantes.
La situación se agrava tras un ataque suscitado en el suroeste de Colombia, que acabó con la vida de 21 civiles. Disidencias de las FARC asumieron la responsabilidad y calificaron el hecho como un 'error táctico' ocurrido durante enfrentamientos con fuerzas militares.
"No tiene justificación alguna", apuntó el grupo armado en un comunicado. El ataque también dejó decenas de heridos y se produjo en un contexto de presión militar contra dichas estructuras.
El presidente Petro sostuvo que el atentado buscaba desestabilizar el país antes de las elecciones, en tanto sectores opositores responsabilizan al gobierno por la persistencia de las agresiones. Además, sugirió investigar si los explosivos utilizados provenían de Ecuador.





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