
El dirigente opositor Edmundo González Urrutia afirmó que no habrá “reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad”, tras la promulgación de una ley de amnistía general que prevé la liberación de presos políticos en Venezuela. Desde su exilio en Madrid, el excandidato presidencial sostuvo que, para que la medida sea legítima, debe estar acompañada de verdad, reconocimiento y reparación para las víctimas de la represión estatal.
La norma fue impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez y aprobada por unanimidad en el Parlamento, en un contexto político marcado por la captura del exdictador Nicolás Maduro en enero. Se espera que el instrumento jurídico permita la excarcelación masiva de detenidos por motivos políticos acumulados durante más de dos décadas de gobiernos chavistas, aunque expertos advierten que algunos casos, como los de militares procesados, podrían quedar fuera de su alcance.
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González Urrutia advirtió que “han sido demasiados años de dolor y pérdidas como para reducir este debate a un trámite”, y subrayó que el perdón no puede implicar el olvido de las violaciones cometidas. En ese sentido, insistió en que una amnistía solo tendrá valor si forma parte de un proceso más amplio de justicia transicional que reconozca los abusos y garantice que no se repitan.
“El perdón no significa validar errores, ni borrar la memoria, sino avanzar hacia un Estado de derecho donde el poder no vuelva a ejercerse sin límites”, expresó el dirigente opositor. A su juicio, el proceso debe representar una transición real desde el miedo institucional hacia un sistema basado en la legalidad, en el que la ley prevalezca sobre la arbitrariedad.
Desde el oficialismo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó la amnistía como un “paso trascendental” para la estabilidad nacional. En un comunicado, el jefe militar sostuvo que la norma refleja “madurez y fortaleza política”, al tiempo que reafirmó la lealtad de la Fuerza Armada al gobierno interino.
La promulgación ocurre en medio de presiones internacionales y del intento de restablecer relaciones diplomáticas y económicas. La administración interina busca proyectar señales de apertura tras años de confrontación política, mientras sectores opositores y organizaciones de derechos humanos observan con cautela el impacto real de la medida en el proceso democrático del país.





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