
En una rueda de prensa sin preguntas, el Gobierno de Ecuador, junto a organizaciones indígenas de base de Otavalo e Imbabura, anunció que se alcanzó un acuerdo en el día 24 de las movilizaciones por la eliminación del subsidio al diésel. Sin embargo, desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) aseguraron que el paro nacional continuará hasta que el presidente Daniel Noboa atienda las demandas populares.
Apawki Castro, vocero histórico de la Conaie, declaró que "las acciones territoriales continuarán" y que el levantamiento no ha sido suspendido por las comunidades, que exigen la derogación del decreto que elimina el subsidio al diésel. "Las declaraciones de la comitiva fueron claras: continuamos con la lucha. Solo están regresando a las comunidades. Cualquier nueva decisión será comunicada oportunamente", aseguró.
Pese a que el Gobierno de Ecuador insiste en que el paro ha finalizado, en comunidades como Peguche, Quinchuquí, Agato y otras zonas rurales aún se mantienen bloqueos en los puntos de control. Según un informe del ECU 911, en la Panamericana los habitantes permiten el paso de ambulancias y vehículos de abastecimiento, pero no el de transporte pesado ni el de funcionarios estatales.
Estas comunidades, que si bien iniciaron reclamando el retiro del subsidio al diésel, han ampliado sus demandas hacia un rechazo más general a la política económica del Gobierno. Además de exigir la revisión del precio del combustible, reclaman la liberación de los detenidos durante las protestas y una investigación independiente por los enfrentamientos del 14 de octubre, en los que, según la dirigencia local, hubo jóvenes muertos y heridos.
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A pesar de que el Gobierno de Ecuador anunció el fin del paro en Imbabura, la provincia aún sufre desabastecimiento de gas y alimentos, lo que golpea a la población. La normalidad está lejos de restablecerse, incluso en ausencia de enfrentamientos masivos. Tras quince días de paralización, los estantes de los mercados permanecen vacíos.
Esta situación crítica se agrava porque los distribuidores solo acceden a las comunidades reconocidas como indígenas, lo que acentúa la escasez general y eleva la angustia entre la población.

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