
En lo que va del segundo semestre de 2025, al menos 27 personas han muerto como resultado de los ataques que Estados Unidos ha lanzado en el Caribe bajo órdenes del presidente Donald Trump. La ofensiva, que busca frenar el narcotráfico desde Venezuela y otras zonas del litoral caribeño, ha sido ejecutada mediante bombardeos directos a lanchas sospechosas de transportar drogas.
El más reciente golpe ocurrió este martes. Trump confirmó el ataque desde su red social Truth, donde publicó incluso un video de 30 segundos que muestra una embarcación detenida en alta mar siendo destruida por un proyectil. Según el mandatario, se trataba de una lancha vinculada con el grupo delictivo Tren de Aragua. El saldo: seis personas muertas, todas ellas, según la versión oficial, "narcoterroristas".
Más allá de los objetivos declarados, lo que más preocupa es la falta de información sobre las víctimas. Desde el primer ataque reportado el 2 de septiembre, las autoridades estadounidenses no han revelado datos sobre las identidades, nacionalidades, edades o circunstancias de los fallecidos. Solo se ha repetido una fórmula: eran hombres, iban armados, estaban ligados a redes ilícitas y fueron abatidos en aguas internacionales.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su alarma por la opacidad y letalidad de estas operaciones. No hay constancia de que se hayan hecho intentos de interceptar o detener a los ocupantes de las lanchas, ni de procesos de verificación en terreno. Todo indica que la respuesta militar ha sido, en cada caso, un ataque letal y unilateral.
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Desde la Casa Blanca, la vocera Karoline Leavitt justificó la ofensiva militar en el Caribe, afirmando que "el presidente actúa dentro de su autoridad constitucional para proteger los intereses de seguridad nacional". Sin embargo, el hecho de que todas las operaciones hayan resultado en muertes —sin que se reporte ni una sola captura o baja del lado estadounidense— ha generado serias dudas entre expertos en derecho internacional sobre la legalidad de estas acciones.
El propio Trump ha sugerido que esta campaña apenas comienza. En un memorándum enviado al Congreso, el Pentágono declaró que Estados Unidos se considera actualmente involucrado en un conflicto armado con los carteles de la droga, lo que habilitaría una fase aún más agresiva, incluso con operaciones en tierra. Mientras tanto, las cifras siguen en aumento: cinco ataques, 27 muertos, cero detenidos y ninguna verificación independiente de lo ocurrido.

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