
La juez federal April M. Perry suspendió el jueves 9 de octubre el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, Estados Unidos, con lo que frena temporalmente uno de los intentos más controvertidos del gobierno de Donald Trump por usar tropas para reforzar la política migratoria y enfrentar el aumento de la criminalidad. La decisión llega tras la oposición del estado de Illinois y de las autoridades locales, que calificaron la medida como “una crisis constitucional”.
Durante la audiencia, el abogado del estado, Christopher Wells, denunció que el gobierno “siguió adelante de todos modos” pese a las advertencias. En defensa de la administración, el representante del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, justificó la intervención alegando que Chicago vive una “trágica anarquía” y que existen “elementos suficientes para temer una rebelión”. El fallo supone un revés judicial al intento de militarizar la ciudad.
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El jueves, Chicago vivió una jornada inusual: la llegada de quinientos soldados de la Guardia Nacional que comenzaron a patrullar calles, estaciones de tren y zonas industriales como parte del operativo ordenado por el presidente Donald Trump. “Chicago está fuera de control. No vamos a permitir que el crimen y la inmigración ilegal sigan destruyendo nuestras ciudades”, declaró el mandatario al justificar la medida, mientras el Comando Norte del Ejército confirmaba que 200 efectivos procedían de Texas y 300 eran de Illinois.
Los militares fueron vistos en puntos estratégicos como la instalación de ICE en Broadview, suburbio de Chicago, donde escoltaban vehículos oficiales y controlaban el acceso al recinto. “Nuestra tarea es proteger al personal federal y garantizar que las redadas se desarrollen con seguridad”, dijo el capitán Michael Greene, uno de los oficiales desplegados. En el lugar, unos quince manifestantes increparon a los soldados con gritos de “¡Fuera de nuestras calles!” y “¡No más redadas!”, mientras la tensión crecía frente a las cámaras.
El operativo, que debía durar 60 días, fue interrumpido tras la decisión de una jueza federal de suspender temporalmente el despliegue por considerarlo “potencialmente inconstitucional”. El gobernador demócrata J.B. Pritzker calificó la acción de Trump como un “acto de intimidación política” y prometió “defender la autonomía del estado ante un uso abusivo de la fuerza militar”. La Guardia Nacional permaneció en los puntos designados hasta recibir la orden de repliegue horas después del fallo judicial.
Donald Trump intensificó su ofensiva contra las autoridades demócratas al afirmar que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, “deberían estar en prisión por no proteger a los agentes federales” durante las operaciones migratorias. Mientras tanto, más de veinte estados demócratas respaldaron ante una corte de apelaciones el desafío legal de California y Oregón contra el uso de la Guardia Nacional en sus territorios, alegando que viola la Ley Posse Comitatus, que prohíbe la participación militar en tareas de orden interno.
Ante la creciente resistencia de los estados, Trump advirtió que podría invocar la Ley de Insurrección, una medida que le permitiría desplegar militares en servicio activo cuando los gobiernos locales “desafíen la autoridad federal”. “No dudaré en usar todas las herramientas para restablecer el orden”, declaró. El mandatario ya había enviado tropas a Los Ángeles y Washington D. C., y en Memphis, Tennessee, la Guardia Nacional comenzó a patrullar con el respaldo del gobernador republicano Bill Lee.

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