
El presidente Donald Trump habría firmado una directiva secreta que autorizaba el uso de fuerza letal contra cárteles del narcotráfico en el extranjero. Esta política se basaría en una opinión legal clasificada emitida por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia, y marcaría un cambio radical en la manera en que Estados Unidos enfrenta el crimen organizado internacional.
Según fuentes citadas por CNN, esta medida permitió que fuerzas militares estadounidenses ejecutaran al menos cuatro ataques contra embarcaciones en el Caribe, bajo el argumento de que los cárteles representan una amenaza inminente para la seguridad nacional. Expertos legales y abogados militares han cuestionado la legalidad de esta estrategia, comparándola con una guerra no declarada y sin supervisión judicial.
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La política se fundamenta en un documento secreto elaborado por la OLC que interpreta que el presidente de Estados Unidos puede ordenar ataques letales contra cárteles, al considerarlos combatientes enemigos. Esta opinión va más allá de las designaciones públicas de organizaciones terroristas, abriendo la puerta a una lista secreta de objetivos.
El memorando sirvió de respaldo legal para un cambio en la doctrina de seguridad: del tratamiento criminal tradicional al uso de fuerza militar contra presuntos narcotraficantes. Según CNN, esta interpretación legal permitió al gobierno justificar operaciones militares sin pasar por mecanismos de revisión judicial.
La expansión de estas facultades no se limitó al Ejército. CNN reporta que la CIA también recibió nuevas autorizaciones para ejecutar acciones encubiertas y letales contra cárteles en América Latina, como parte de una ofensiva integral ordenada por Trump. Esta actualización de poderes coincidió con el uso de drones de vigilancia —con capacidad de armamento— sobre territorio mexicano y caribeño.
Aunque existe una base legal previa —conocida como “finding”— para operaciones encubiertas contra el narcotráfico, esta nueva interpretación amplió notablemente el alcance de las acciones permitidas. Algunos funcionarios expresaron preocupación por los riesgos legales, especialmente en zonas donde hay ciudadanos o residentes estadounidenses.
Dentro del Pentágono, varios abogados militares —activos y retirados— manifestaron dudas sobre la legalidad de estas operaciones. A pesar de sus reservas, la opinión de la OLC prevalece como la interpretación oficial del poder ejecutivo, lo que limita la capacidad de oposición dentro del Departamento de Defensa.
De acuerdo con CNN, muchos de estos abogados optaron por el silencio institucional ante el temor de represalias. Mientras tanto, el Congreso ha exigido repetidamente el acceso a la opinión legal, sin éxito hasta la fecha. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, deberá comparecer ante el Capitolio para responder sobre la base legal de estos ataques.

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