México: jueces respaldados por el partido oficialista vencen en las urnas y el INE valida los resultados

Dos semanas después de las históricas elecciones judiciales en México, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró la validez de los resultados de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ello pese a críticas y observaciones de irregularidades de consejeros electorales y analistas internacionales frente a la jornada que solo logró el 13% de participación ciudadana. Pese a que los comicios fueron promovidos por la presidenta Claudia Sheinbaum como una forma de democratizar al poder judicial, la mayoría de candidatos elegidos fueron avalados por el partido oficialista: Morena (Movimiento de Regeneración Nacional).

La elección judicial, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por su sucesora, Claudia Sheinbaum, ha sido considerada como uno de los cambios más profundos en la estructura institucional del país. Morena, que ya controla el Ejecutivo y el Congreso, consolida ahora su presencia en el Poder Judicial, lo que desata temores sobre la independencia de los jueces. “Tienes ahora a un régimen que tiene a la presidencia, al poder legislativo y ahora a las personas juzgadoras”, advirtió, en declaraciones recogidas por The New York times, María Emilia Molina, magistrada de circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.

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Resultados de las elecciones judiciales en México

Los resultados oficiales publicados por el INE revelaron que nueve candidatos respaldados por Morena resultaron elegidos como nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hugo Aguilar Ortiz lideró la votación con más de 5.9 millones de sufragios, seguido de Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, todas figuras cercanas al oficialismo. Otros nombres como María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra también lograron integrar el máximo tribunal del país.

Durante una sesión extraordinaria del 15 de junio, el Consejo General del INE aprobó la validez de la elección. Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del organismo, destacó que “la democracia no se impone, se construye desde la base”, y celebró la paridad de género alcanzada en los nombramientos. No obstante, el proceso estuvo lejos de ser unánimemente respaldado. Aunque la aprobación en lo general fue unánime, algunos consejeros expresaron su desacuerdo con aspectos clave del desarrollo electoral.

Entre las objeciones presentadas, se destacó la existencia de 818 casillas con anomalías graves, incluyendo participación superior al 100 % (que es cuando figuran más votos que votantes registrados), boletas sin dobleces, patrones de voto idénticos y la aparición de acordeones, indicios de inducción al sufragio.

Las observaciones, según los consejeros, podrían comprometer la legitimidad del proceso, aunque el INE determinó excluir esas casillas de la sumatoria nacional y remitir el expediente a la Suprema Corte para su eventual revisión.

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Jueces elegidos son avalados por el partido Morena

La victoria de candidatos vinculados a Morena en las elecciones judiciales refuerza el poder del oficialismo en los tres pilares del Estado mexicano. Con la presidencia y el Congreso bajo su control, el partido fundado por López Obrador afianza ahora su influencia sobre la estructura judicial. Este fenómeno ha sido interpretado por analistas como un paso hacia una concentración del poder que podría debilitar los contrapesos institucionales.

El proceso de elecciones judiciales fue presentado como una vía para “sanear” al Poder Judicial, pero para críticos como la magistrada Molina, amenaza la autonomía de los jueces: “Yo no soy parte de este circo. Estoy en un absoluto duelo por dentro”, expresó.

Además de la Corte Suprema, Morena consiguió también la mayoría de cargos en el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, que tiene facultades para investigar y destituir a magistrados. La presidenta de ese tribunal, Celia Maya, también militante de Morena, rechazó las críticas: “Este tribunal está creado para combatir las prácticas corruptas... para que prevalezca una justicia correcta e independiente”, afirmó en entrevista con medios nacionales.

Sin embargo, el rediseño institucional ha dejado varias interrogantes abiertas. La reforma no incluyó cambios en las fiscalías ni en las policías, instituciones que continúan siendo señaladas por corrupción e impunidad. Tampoco quedó claro cómo se fiscalizará a los nuevos jueces, ni qué mecanismos garantizarán que su independencia no se vea subordinada a intereses partidarios.

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Validación en medio de críticas

La participación en las elecciones judiciales fue de apenas el 13 %, una de las más bajas desde la transición democrática en México a inicios de los años 2000. Este dato ha generado un intenso debate sobre la legitimidad del proceso. El ausentismo fue atribuido por analistas a la complejidad de las papeletas, la escasa información sobre las funciones de los jueces y un presupuesto limitado para la difusión electoral.

El consejero Arturo Castillo, citado por el canal mexicano N+, pidió no validar los comicios por “indicios graves de irregularidades que ameritan revisión jurisdiccional”. Las anomalías reportadas fueron descartadas como marginales por otros funcionarios del INE, quienes destacaron que afectaron menos del 1 % de las casillas instaladas.

Uno de los puntos más cuestionados fue la aplicación del criterio “8 de 8” para impedir que personas con antecedentes de violencia accedan a cargos públicos. Según Ravel, algunos candidatos no presentaron su declaración bajo protesta o fueron señalados por acoso, violencia doméstica o impago de pensiones. “La 8 de 8 no es un mero trámite, es una garantía de que quienes aspiran a juzgar a otras personas no sean quienes han vulnerado derechos de las mujeres”, sostuvo Zavala.

Pese a las advertencias, el INE entregará constancias de mayoría a los magistrados electos. La presidenta del instituto adelantó que se respetará la paridad de género en la distribución final de cargos. No obstante, la consejera Zavala recalcó que “la ausencia de respuesta por parte de diversas autoridades jurisdiccionales” impidió verificar los antecedentes de algunos aspirantes, lo que pone en duda la calidad ética de la selección.

La próxima fase de este proceso se desarrollará en 2027, cuando se renovarán otros niveles del sistema judicial.