Histórica reforma judicial en México: elección popular de jueces genera debate sobre independencia judicial

La reforma judicial en México, promulgada el 15 de septiembre de 2024, representa una transformación del sistema judicial en el país. Impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma plantea que todos los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean elegidos mediante voto popular. Este cambio modifica radicalmente el método de designación, con implicaciones tanto para la independencia judicial como para el equilibrio de poderes en la democracia mexicana.

La iniciativa fue presentada el 5 de febrero de 2024 como parte de un paquete más amplio de reformas constitucionales. El 5 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma, seguida por el Senado el 10 de septiembre, con 86 votos a favor. Fue finalmente ratificada por al menos 17 congresos estatales, requisito constitucional indispensable. Fue promulgada por López Obrador el 15 de septiembre, durante una ceremonia en Palacio Nacional a la que asistió Claudia Sheinbaum, presidenta electa en ese momento.

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¿Qué elementos tiene la reforma judicial en México?

Los elementos principales de la reforma incluyen: la elección directa por voto ciudadano de jueces, magistrados y ministros; la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de 11 a 9; la creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; y la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo órgano de administración.

Los aspirantes deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, contar con título de abogado, al menos cinco años de experiencia profesional, y no haber sido condenados por delitos dolosos. Según sus promotores, esta transformación busca eliminar la corrupción, aumentar la transparencia y asegurar que los jueces respondan directamente al pueblo.

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WOLA advierte riesgos para la independencia y los derechos humanos

La organización WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) expresó una fuerte crítica a la reforma judicial en México. En un análisis publicado en agosto de 2024, la organización calificó la medida como un “retroceso para los derechos humanos”, advirtiendo que abre la puerta a la captura política del poder judicial. Según WOLA, permitir que los tres poderes del Estado propongan candidatos, en un contexto donde un solo partido domina el Ejecutivo y el Legislativo, podría comprometer seriamente la imparcialidad de los jueces, afectando su capacidad de actuar como contrapeso constitucional.

Asimismo, resalta que se podrían fomentar decisiones judiciales populistas, orientadas a satisfacer la presión pública en lugar de defender el debido proceso. De esta manera, la organización aclara que los mayores niveles de impunidad en México se originan en las fiscalías y no en el poder judicial, como sostiene el discurso oficial. La reforma, advierten, podría debilitar la disposición de los jueces a contrarrestar abusos del poder ejecutivo o de las fuerzas de seguridad, erosionando así los mecanismos esenciales de protección de derechos humanos en el país.

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Postura de la presidenta Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó un firme respaldo a la reforma judicial, considerándola un paso decisivo para acercar la justicia a la ciudadanía. En sus declaraciones públicas, defendió que la reforma no solo combate la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial, sino que representa una demanda legítima de la sociedad mexicana. Frente a las críticas de la oposición y los cuestionamientos de algunos sectores del propio Poder Judicial, Sheinbaum sostuvo que “ni una jueza ni ocho ministros pueden frenar la voluntad popular”, resaltando que el pueblo tiene derecho a decidir quién imparte justicia.

Con miras a las elecciones judiciales previstas para junio, solicitó formalmente la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para garantizar condiciones de equidad, legalidad y transparencia. En particular, llamó a prevenir actos que puedan influir indebidamente en el voto ciudadano, como la distribución de “acordeones” con sugerencias de voto. Además, insistió en que el proceso debe desarrollarse bajo los principios de voto libre, secreto y directo, y reiteró que su gobierno no impulsará por el momento reformas a las fiscalías, priorizando la consolidación efectiva de esta transformación judicial.

¿Cuándo se realizarán las primeras elecciones judiciales en México?

El domingo 1 de junio de 2025, México vivirá un momento histórico al celebrar sus primeras elecciones judiciales federales. Bajo la organización del Instituto Nacional Electoral (INE), el proceso contempla la elección de 881 cargos en el Poder Judicial de la Federación, además de comicios locales extraordinarios en 20 estados. La jornada se desarrollará entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., y se espera que los resultados preliminares estén disponibles la misma noche, mientras que los cómputos distritales se extenderán hasta el 12 de junio.

A pesar de la relevancia del evento, diversas voces expresaron preocupaciones sobre su ejecución. Un informe del Observatorio Electoral Judicial (OEJ) advierte que la complejidad de las boletas y la falta de información accesible sobre los candidatos dificultan un voto plenamente informado. La equidad del proceso también fue cuestionada, especialmente ante la posibilidad de injerencias políticas y el limitado conocimiento ciudadano sobre los perfiles judiciales en contienda.

Impacto en América Latina

La reforma judicial en México despertó una fuerte atención en América Latina, tanto por su carácter inédito como por sus posibles implicaciones regionales. Al establecer la elección popular, se convierte en el primer país latinoamericano en implementar este modelo a gran escala, lo que generó debates en otras naciones sobre la viabilidad de replicar el esquema.

Países como El Salvador, Nicaragua y Venezuela fueron citados como ejemplos negativos de reformas judiciales que resultaron en la cooptación de jueces por el poder político. En este contexto, expertos del ámbito académico y jurídico latinoamericano, incluyendo universidades en Perú, Colombia y Argentina, alertaron que el modelo mexicano podría, si no se regula adecuadamente, alimentar tendencias autoritarias en gobiernos que buscan concentrar poder debilitando los contrapesos institucionales. Al mismo tiempo, sectores progresistas en otros países ven con interés la posibilidad de democratizar el acceso a la justicia, aunque insisten en que cualquier intento de reforma debe salvaguardar la imparcialidad judicial.