
A partir de abril de 2025, el medio estadounidense Politico reportó que funcionarios del gobierno comenzó a implementar una ley federal que exige a todos los inmigrantes, sin importar su estatus legal, registrarse ante las autoridades estatales. Aquellos que no cumplan con esta obligación enfrentarán sanciones económicas o, en casos extremos, la deportación inmediata, a pesar de que esta infracción sea catalogada como "una falta menor".
De acuerdo con la información corroborada, el gobierno de Donald Trump decidió reactivar la Ley de Registro de Extranjeros de 1940 para acelerar las deportaciones en todo el país. Hasta el momento, el mayor número de casos registrados de afectados se encuentran en los estados de Luisiana, Arizona, Montana, Alabama, Texas y Washington D.C. Sin embargo, debido a su pronta aplicación luego de décadas, las sanciones fueron interpuestas a migrantes que ya estaban en proceso de expulsión.
Donald Trump promueve la mayor deportación de inmigrantes en EE.UU.
No es casualidad que las autoridades estatales hayan decidido volver a utilizar esta ley. Aprobada durante la Segunda guerra Mundial, esta establece que todos los inmigrantes ciudadanos o indocumentados debían registrarse si permanecían más de 30 días en el país. La prioridad era rastrear simpatizantes del fascismo o del comunismo. Al terminar el conflicto internacional, quedó en desuso.
La disposición no fue derogada, por ello continuó vigente hasta la fecha. Sus fundamentos legales permitieron a la administración Trump volver a reinterpretarlo en el contexto actual de las nuevas políticas migratorias.
“La razón obvia para restablecer el registro en primer lugar es la esperanza de que las personas se registren y, por lo tanto, se entreguen efectivamente al gobierno porque ya confesaron su entrada ilegal”, explicó Jonathan Weinberg de la Universidad Estatal de Wayne
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenado a los fiscales estatales no ignorar a la mediada, pues permitirá a reducir los costos gubernamentales. Además, será utilidad para presionar y fomentar la autodeportación a aquellos indocumentados y evitar las multas correspondientes.
Según la ley, las sanciones varían desde arrestos, multas económicas o juicio penal. En caso estricto, la deportación por ser considerados un peligro para la seguridad del Estado.
El registro fue actualizado en abril y requiere que se proporcione datos personales, antecedentes policiales o penales y detalles sobre cómo ingresaron a Estados Unidos. Hasta el momento, 47.000 inmigrantes lograron registrarse, de acuerdo a información oficial. Por otro lado, el DHS está a la espera de otros 3,2 millones de personas que aún permanecen fuera del sistema.
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