
Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción que permitió arrestos sin orden judicial, con el objetivo de combatir las pandillas. Aunque el gobierno de Nayib Bukele sostiene que esta medida disminuyó significativamente la violencia, diversas voces, incluyendo la Iglesia Católica, expresaron su preocupación por las implicaciones en los derechos humanos.
La Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) solicitó a Bukele el jueves 29 de mayo que derogue la medida establecida. Los obispos salvadoreños argumentan que, si bien en su momento fue necesario para frenar la violencia, actualmente ya no lo es, ya que los crímenes se redujeron a mínimos históricos. Además, señalan que el principio limita las libertades fundamentales de la población.
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La Iglesia Católica, a través de la CEDES, ha manifestado su preocupación por las detenciones arbitrarias y la falta de debido proceso bajo el régimen de excepción. En una carta abierta, los obispos pidieron al gobierno "revisar los casos con gran objetividad" para que "los que son inocentes" sean liberados "lo más pronto posible" y que "no se persiga a los defensores de derechos humanos".
Además, instaron al gobierno a no promover las cárceles salvadoreñas "para las víctimas" de las políticas contra los migrantes de "potencias extranjeras" . Esta declaración se produce en un contexto en el que se han reportado detenciones de activistas y defensores de derechos humanos, como la abogada Ruth López y el pastor evangélico José Pérez, quienes apoyaban a comunidades campesinas en protesta contra el gobierno.
Desde su implementación, el régimen de excepción ha permitido la detención de más de 86,000 personas acusadas de ser pandilleros. Aunque el gobierno ha reconocido que unas 8,000 personas han sido liberadas por ser inocentes, organizaciones sociales afirman que aún hay muchos más tras las rejas.
Organismos humanitarios han denunciado que el gobierno de Bukele busca controlar las "voces" críticas con el régimen de excepción . Estas denuncias incluyen detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta social. Además, se ha señalado que las cárceles salvadoreñas presentan condiciones inhumanas, con hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos.
La crítica de la Iglesia Católica al régimen de excepción representa una presión significativa para el gobierno de Bukele. La Iglesia ha sido una voz influyente en la sociedad salvadoreña, y su llamado a derogar el régimen podría movilizar a otros sectores a expresar su descontento.
Además, la postura de la Iglesia pone en evidencia las tensiones entre las políticas de seguridad del gobierno y el respeto a los derechos humanos. Si bien el gobierno ha logrado reducir los índices de violencia, las críticas apuntan a que esto se ha logrado a costa de las libertades civiles y el debido proceso.

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