
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó de forma drástica la tensión comercial con China al anunciar el 7 de abril que su gobierno aplicará un nuevo arancel del 50% a las importaciones chinas si Pekín no elimina, antes del 8 de abril, los gravámenes impuestos a productos de Estados Unidos. Esta amenaza se suma a una serie de medidas recíprocas que mantienen congeladas las posibilidades de un nuevo acuerdo con EE.UU.
A través de su cuenta oficial en Truth Social, Trump manifestó su posición con contundencia: "Si China no retira su aumento del 34% y otros abusos comerciales históricos antes del 8 de abril, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50% a partir del 9 de abril". La advertencia provocó una inmediata reacción en los mercados financieros y fue interpretada como una señal clara del endurecimiento de la postura estadounidense frente a la política comercial china.
La imposición de un nuevo arancel del 50% afectaría a una amplia gama de productos de origen chino, entre ellos tecnología, componentes electrónicos y maquinaria industrial. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, esta medida busca presionar a Pekín para que reconsidere su postura frente a los impuestos aplicados de forma reciente sobre exportaciones estadounidenses.
Además, el impacto en la cadena de suministro global sería inmediato, afectando no solo a fabricantes estadounidenses, sino también a otros países que dependen del comercio con ambos gigantes. El nuevo arancel, si se implementa, también se traducirá en un aumento de precios para los consumidores en EE. UU. La Cámara de Comercio estadounidense ya manifestó su preocupación, indicando que "los ciudadanos terminarán pagando más por productos cotidianos, desde electrodomésticos hasta teléfonos móviles".
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Desde Pekín, la respuesta no tardó en llegar. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino calificó la amenaza como "una provocación unilateral e injustificada" y reafirmó que China mantendrá sus derechos arancelarios como respuesta a lo que considera prácticas comerciales hostiles por parte de Washington. "China no aceptará presiones externas ni coerción de ningún tipo", declaró el portavoz del ministerio, Lin Jian.
Los gravámenes impuestos por China afectan una gran variedad de productos de EE. UU., incluyendo vehículos, maquinaria agrícola y materias primas. Pekín considera estas medidas una legítima respuesta ante lo que describe como violaciones constantes de las normas internacionales de comercio por parte del gobierno estadounidense. Al mismo tiempo, medios estatales como el Global Times sostienen que China está preparada para adoptar más represalias si Trump cumple su amenaza.
Organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional instaron a ambas naciones a retomar el diálogo para evitar consecuencias más graves. En Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su preocupación por la posibilidad de un efecto dominó en otras economías. “La intensificación de los conflictos comerciales debilita los sistemas de cooperación internacional y pone en riesgo la estabilidad financiera global”, señaló en una reciente conferencia en Bruselas.
Por su parte, el sector empresarial estadounidense alzó la voz. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, afirmó que “una política de aranceles agresivos puede perjudicar tanto a las empresas como a los consumidores”. De hecho, muchas compañías tecnológicas ya evalúan alternativas para reducir su dependencia de proveedores chinos.

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