La ley marcial es un régimen excepcional en el que el control de un país es transferido a las fuerzas militares, generalmente en situaciones de crisis extremas, como guerras, rebeliones o desórdenes públicos significativos. Este tipo de ley se caracteriza por la suspensión temporal de los derechos civiles, lo que incluye restricciones en la libertad de movimiento, el derecho a la reunión y la libertad de expresión.
Durante su implementación, las decisiones del gobierno suelen estar sujetas a las autoridades militares, y el sistema judicial civil se sustituye por tribunales militares. En este contexto, los ciudadanos pueden ser detenidos sin una orden judicial y las garantías procesales son nulas.
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El origen de la ley marcial se remonta a situaciones de emergencia, como durante la Revolución Francesa en 1789, donde se implementó para sofocar disturbios internos. A lo largo de la historia, fue utilizada en diversos países en momentos de agitación social o guerra, como en la Guerra Civil de Estados Unidos o más recientemente en Corea del Sur.
La aplicación de la ley marcial tiene implicaciones profundas tanto a nivel legal como social. Aunque su implementación se justifica en ocasiones como una respuesta necesaria para proteger la seguridad nacional o restaurar el orden, genera una tensión significativa entre la seguridad y las libertades civiles.
Las consecuencias de su implementación afectan la estructura política y jurídica del país, además que pueden tener un impacto psicológico considerable en la población, ya que la sensación de inseguridad y represión puede generar un clima de miedo y desconfianza.
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El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, decretó una "ley marcial de emergencia", una medida radical que justificó como necesaria para preservar el "orden constitucional liberal" del país. Según Yoon, esta acción busca erradicar las fuerzas antiestatales y responder a lo que él considera la amenaza de la oposición izquierdista, que, según sus declaraciones, estaría simpatizando con Corea del Norte.
En su discurso televisado, el presidente destacó que la ley marcial sería vital para evitar lo que describió como una "ruina inminente" para el país, insistiendo en que esta era la única manera de salvar el sistema político liberal surcoreano. El rechazo por parte del Parlamento surcoreano fue inmediato, ya que los diputados votaron de manera unánime en contra de la declaración presidencial.