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Protestas en América Latina: ¿qué medidas tomaron los países para calmar las marchas masivas?

Si bien las movilizaciones en Latinoamérica no tienen una direccionalidad única, todas han evidenciado el descontento popular contra las élites políticas, la desigualdad y búsqueda de reformas sociales.

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Protestas en Latinoamérica | Composición LR/AFP | Los países de América Latina presentan mayores desigualdades socioeconómicas. Foto: composición Fabrizio O./LR/AFP/EFE

Las protestas y estallidos sociales vienen marcando la política latinoamericana en su historia reciente. Si bien las movilizaciones en la región no tienen una direccionalidad única, todas han evidenciado el descontento popular contra las élites políticas, la desigualdad y búsqueda de reformas sociales.

Para Alonso Cárdenas, politólogo con quien conversó esta redacción, “América Latina es un continente muy desigual, la brecha entre los niveles socioeconómicos es muy amplia. Además, es un continente donde, cifras más cifras menos, la ciudadanía cree poco en su clase política (…) hay mucha más incredulidad, ya no les cree a los políticos”.

"Hay un enorme descontento con la clase política. La desigualdad, la carencia de servicios públicos, la corrupción, la discriminación son factores estructurales que emergen una vez que hay un tipo situación puntual. Mientras no podamos resolver los problemas de fondo, van a seguir llegando este tipo de estallidos", indicó.

Manifestación contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte en Perú. Foto: AFP

Ecuador: la patria como campo de batalla

Durante el 2022, Ecuador se vio sacudido por masivas protestas por el aumento de los precios del combustible, los alimentos y otros artículos de primera necesidad, en el marco de una economía golpeada por la inflación y el desempleo.

Su capital, Quito, estuvo prácticamente paralizada por las manifestaciones encabezadas por la comunidad indígena que exigían al gobierno derechista de Guillermo Lasso reformas sociales y económicas.

Con una población de 17,6 millones de personas en Ecuador, un millón de estas pertenecen a la población indígena. En el paro de junio del 2022, a este movimiento indígena, integrado por tres organizaciones: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine) y a Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), se le unieron gremios sociales, sindicatos y ciudadanos descontentos.

Se tomaron y cerraron las principales carreteras del país y vías dentro de las ciudades, especialmente de la sierra y en la Amazonía, durante días, el territorio ecuatoriano fue el escenario de la violencia, que, en lugar de ceder, escalaba.

“El pueblo ecuatoriano está en la pobreza”, dijo Leonidas Iza, líder de la Conaie. “Hay una desigualdad, hay una injusticia. Lo que ha despertado en este momento a los ecuatorianos es que hay una indignación”.

“El Gobierno tuvo que ceder. El Gobierno ecuatoriano negoció con el movimiento indígena una serie de medidas que van más allá del tema de la gasolina, que son temas sociales", sostuvo a este diario Francisco Belaunde, analista y profesor de Política y Derecho Internacional de la Universidad San Ignacio de Loyola.

"Al final, se han convertido en una serie de promesas y el movimiento indígena en una suerte de cogobernante. (…) Ahora al Gobierno se le está haciendo difícil cumplir con todo lo prometido y nuevamente se están haciendo posibles nuevas movilizaciones", agregó Belaunde.

En un primer intento de conciliación, el Gobierno ecuatoriano buscó el diálogo con la Conaie, sin embargo, debido a la violenta represión, la organización se negó a mantener conversaciones con el Estado.

Posteriormente, alcanzaron un acuerdo para poner fin al paro, en el que se acordaron varios puntos, entre los más complicados estuvo el relacionado con el precio del combustible.

Iza admitió que el acta de acuerdo no incluía todas las demandas, pero destacó que tiene "importantes logros" y puso fin a las protestas.

Chile: "La marcha más grande de la historia”

En el caso de Chile, multitudinarias manifestaciones tomaron las calles de Santiago en el 2019 para exigir la puesta en marcha de reformas sociales, las cuales empezaron como una protesta contra el alza en el precio del metro y derivaron en un clamor por un modelo económico más justo y derechos sociales.

Tan solo en la movilización del viernes 25 de octubre de ese año se concentraron más de un millón de personas en la plaza Italia, un centro neurálgico de la capital chilena.

"La marcha más grande de Chile", convocada tras una semana de protestas en el país, ya es considerada como la más masiva desde el retorno de la democracia a Chile.

“Chile vivió un estallido social que terminó en una Asamblea Constituyente que después naufragó", afirmó Cárdenas.

Protestas en Chile. Foto: AFP

Los sectores políticos lograron establecer un acuerdo entre el Gobierno y la oposición. Se unieron para la realización de un plebiscito, en el que los ciudadanos decidirían si quieren o no una nueva Constitución. Este se realizó el 4 de septiembre, en el que un 62% de los electores rechazó la propuesta.

"Desde mi punto de vista, hubo un muy mal manejo de la asamblea. Ahora realizarán otra metodología tratando de invitar a expertos, pero el gran proyecto fue lo que alimentó en buena parte que el estallido social de Chile finalmente se calme”, agregó el politólogo.

Las revueltas del 2019 en Chile ocasionaron una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos muchos con traumas oculares.

Asimismo, dejaron episodios de violencia extrema, con saqueos e incendios, además de señalamientos por parte de la ONU contra el cuerpo policial de Carabineros por violaciones a los derechos humanos.

Manifestaciones en Colombia

En el caso de Colombia, en abril del 2021 cientos de miles de personas descontentas salieron entonces a expresar su oposición al proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno del entonces presidente Iván Duque.

Dichas protestas fueron cruciales en las elecciones presidenciales del 2022, de las que resultó ganador Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia.

“Bajo el gobierno de Iván Duque, el estallido fue violento, murieron más de 80 personas. Pero se da muy cercano al fin del mandato de Duque, entonces, lo que podría haber aminorado este estallido fue el cambio de gobierno que vino después con Gustavo Petro", agregó Cárdenas.

El caso peruano: "Con tantas muertes, es difícil gobernar"

Para el politólogo, hay que ver al Perú como una olla a presión que necesita liberar energía para no explotar: "Urge liberar energía, para ello se necesitan gestos políticos inmediatos".

El especialista indica tres puntos centrales: la renuncia de actores políticos. "Luego de la muerte del señor Víctor Raúl Santisteban, que lo mataron, la renuncia del ministro del Interior, la renuncia del presidente de Essalud y también la renuncia del presidente del Consejo de Ministros", indica.

En esa línea, sostiene como segundo punto la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia de la República. "Ya después, creo yo que es necesario que la presidenta dé un paso al costado; con tantas muertes, es difícil gobernar".

Lo tercero es que se debería llegar a un acuerdo político en el Congreso para adelantar las elecciones lo más que se pueda y armarse una Mesa Directiva nueva, dentro de lo inmediato.

Sin embargo, como tema de fondo, Cárdenas indicó que "se tendría que ver de una manera estructural con una nueva gestión". "Las condiciones de Perú son peores (en Latinoamérica). La desigualdad, la discriminación, la pobreza son peores en el Perú", asegura, y agrega que "todo se concentra en el Perú, es una especie de Aleph de Borges, pero en negativo".  

Las protestas, que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y un adelanto de elecciones para este 2023, dejaron hasta el momento un saldo de 65 personas fallecidas.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, 47 personas que participaban en las protestas fallecieron fruto de enfrentamientos, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes.

A estas víctimas, se suman diez decesos en sucesos relacionados con los bloqueos de carreteras y una muerta ocurrida en la norteña región de La Libertad, confirmada por la Policía.