Contaminación e impunidad a un año de desastres ecológicos por derrame de crudo en Ecuador y Perú

A los 15 días del inicio de 2022, Perú vivió uno de los peores desastres ambientales registrados en el territorio: el derrame de cerca de 12.000 barriles de crudo por parte de la refinería La Pampilla S.A.A. Tanto esta situación, ocurrida en las costas peruanas, como la registrada en la selva amazónica ecuatoriana, puso una vez más de manifiesto la vulnerabilidad de los ecosistemas ante estos sucesos que suelen repetirse con frecuencia.

Más de un año después del derrame de petróleo de Repsol en el mar de Ventanilla, la compañía afirma que las condiciones están dadas para la pesca, actividades recreativas y comerciales; sin embargo, de acuerdo al último monitoreo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, a octubre del 2022, aún existen 69 zonas afectadas con hidrocarburos entre playas, puntas y acantilados.

“De acuerdo a los estudios que ha contratado y pagado la empresa Repsol, todo está limpio. Pero, de acuerdo a los estudios oficiales, (...) el último estudio que tenemos es el de octubre de la OEFA, y básicamente dice que casi setenta lugares están sucios todavía con hidrocarburos y no limpios, como dice la empresa”, comenta a esta redacción Daniel Olivares, vicepresidente de Oceana Perú y excongresista por Lima.

Ni reparación ni rehabilitación

Además de investigaciones autofinanciadas por la empresa que pretenden cubrir las secuelas de este ecocidio en el territorio nacional, donde miles de animales fueron afectados por el crudo, entre mamíferos, aves, peces, crustáceos, y al menos 2.500 pescadores y cientos de trabajadores de las zonas costeras perdieron de la noche a la mañana su sustento, no se ha visto una reacción completa para atender una emergencia de esta magnitud.

“No tenemos información de que hayan iniciado los planes de rehabilitación en los lugares y además ha pagado publirreportajes en los principales medios del país para que parezca que todo está limpio”, comenta Olivares. Asimismo, añade que “las señales que da la empresa no son las que da una que entiende la responsabilidad que tiene”, actitud que afirma ha sido una constante desde el principio.

Tal como Perú, Ecuador empezó el 2022 con un derrame de petróleo de, al menos, 6.300 barriles por la rotura del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), como consecuencia de la erosión regresiva del río Coca, a la que expertos atribuyen que sería debido a una falla en la construcción de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, obra insignia del Gobierno de Rafael Correa.

“(...) malas tecnologías o falta de mantenimiento de este oleoducto que lleva el crudo desde la Amazonía a la costa, y también es una zona que tiene muchas amenazas naturales: muchas lluvias fuertes, hay sismos, vulcanismo”, explica a DW Nicolás Cuvi, profesor investigador de FLACSO en Ecuador.

“Por otro lado, hay que entender que el gran oleoducto que reventó ocupa un vastísimo territorio y es mucho más visible, pero en los campos petroleros, en los pequeños ductos, los derrames se producen permanentemente”, agrega.

Tras este hecho, se esperó una serie de sentencias constitucionales emitidas también a inicio del año pasado. Sin embargo, hasta hoy, estas no se cumplen, tal como informó Mongabay.

El medio, conocido por cubrir las historias ambientales más importantes de Latinoamérica, indica que lo preocupante de esta situación es que estas decisiones sentaron precedentes sobre los derechos de la naturaleza y de los animales, así como al consentimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Por ello, el movimiento indígena ecuatoriano no ha dejado de insistir en su cumplimiento durante las mesas de diálogo propiciadas como salida al paro nacional de junio pasado.

Los países como Ecuador están “contra las cuerdas”, comentó para The New York Times María Fernanda Espinosa, diplomática ecuatoriana y expresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un país en desarrollo que considera que la extracción de petróleo es la mejor solución a sus problemas, generando que exploten algunas de las regiones con mayor biodiversidad del mundo.

La industria petrolera en Ecuador insiste en que pueden desarrollarse nuevos proyectos de extracción sin provocar muchos daños, pero, según The New York Times, los científicos indican que, hasta ahora, incluso los mejores casos han derivado en deforestación inesperada y otros daños al medioambiente.

Políticas públicas para contrarrestar los daños

Con respecto a las acciones a tomar desde el Estado peruano, Olivares comentó: “En Ambiente y Produce, debe haber información actualizada para saber qué está sucio para que la empresa pueda seguir limpiando y terminar con la incertidumbre en la ciudadanía que está vinculada a actividades económicas en la zona”.

En el caso de Energía, indicó su labor como ente fiscalizador para que se “cumpla con los planes de rehabilitación” en la zona, así como el trabajo desde el Minsa en la atención a la población que se ha visto expuesta a contaminación severa: “No tenemos una asignación diferenciada de recursos para atender población objetiva en la zona, es como si el desastre socioambiental no hubiera existido o monitorear de manera recurrente a las personas, como reacción y atención inmediata”.