Los ciudadanos de Santa Cruz, la mayor región boliviana, intentaban volver a la normalidad después de la huelga que duró 36 días y que se suspendió este sábado tras aprobarse en la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre el censo de población y vivienda.
El anuncio de la suspensión del paro fue dado a conocer pasado el mediodía por el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, ante lo cual muchas personas abandonaron los puntos de bloqueo callejero en los que hicieron vigilia a diario desde el pasado 22 de octubre.
Alguna gente dejó en el sitio los escombros, banderas, alambres, ramas y bolsas de basura empleados para bloquear, lo que no fue impedimento para que automóviles y motocicletas vuelvan transitar por las calles de Santa Cruz, capital de la región homónima, según constató EFE.
Otros vecinos sí retiraron estos elementos, ya sea con escobas o moviéndolos hacia el borde de las veredas para permitir por fin la libre circulación de vehículos y personas.
La aprobación de la norma en la Cámara Baja dejó a algunos cruceños con sabor a poco, ya que no se logró el objetivo inicial de la huelga, que era que el censo se efectúe en 2023 y no en 2024, como lo definió el Gobierno de Luis Arce.
“El paro deja mucho que desear. En un comienzo fue por un objetivo, del censo en 2023, y luego como que se disolvió; se cambiaron las cosas y terminó siendo para promulgar una ley”, comentó a EFE Harold Vaca, un vecino que vive en el centro de la ciudad cruceña.
Vaca consideró que el conflicto “se pudo evitar desde un comienzo promulgando la ley” y que Santa Cruz tuvo pérdidas y ganancias.
“Es un poco de ambos, porque de alguna manera Santa Cruz metió presión, se hizo ver, se hizo escuchar a través del paro; y, por otra parte, también se perdió un poco porque la idea no era esa (…), era el censo en 2023”, indicó.
Según medios locales, un grupo de personas enmascaradas supuestamente disconformes con la suspensión de la huelga llegó hasta la casa de Rómulo Calvo para tirar piedras y detonar petardos.
Otros grupos radicales se rehusaron a levantar los bloqueos y exigen que los líderes cívicos convoquen a un cabildo para definir si se suspende o no la huelga.
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El censo debía realizarse este mes, pero, en julio, el Gobierno de Luis Arce lo postergó para 2024 con el argumento de “problemas técnicos”, lo que provocó la protesta, sobre todo en Santa Cruz.
Varias jornadas del paro estuvieron marcadas por violentos enfrentamientos entre los sectores afines al Gobierno que rechazaron la protesta y los grupos que la cumplieron, que también acusaron a la Policía de actuar con parcialidad a favor de los oficialistas.
Esta semana, los líderes cruceños aceptaron que la encuesta sea en 2024 al reconocer que la propuesta regional para hacerla en 2023 ya no era sostenible “técnicamente” por la dilatación del conflicto, que finalmente se dirimió con la aprobación en esta madrugada de una ley que ahora debe ser analizada en el Senado.
Al anunciar la suspensión de la huelga, Calvo afirmó que “ganó la democracia” y ya no se tiene solamente “un decreto mezquino e incierto”, sino que se logró una ley sobre el censo.
También anunció que los cruceños vigilarán las acciones del Gobierno nacional hasta septiembre de 2024, año para el que está prevista la redistribución de recursos estatales en función de los resultados del censo y las elecciones de 2025.