En una entrevista a comienzos de año con el periodista Fernando Rincón para la cadena CNN, el presidente Pedro Castillo volvió a mencionar el polémico tema de la salida al mar de Bolivia. “Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo... jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, explicó el mandatario peruano.
“Ese es su derecho (el acceso al mar). Haremos lo que los pueblos claman. Lo que los pueblos necesitan, lo que los pueblos quieren. El problema es que históricamente hemos estado metidos en el tema de frontera”, recalcó
Pero, a pesar de que se ha dicho lo opuesto, Bolivia tiene salida al mar desde 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori cedió una franja de cinco kilómetros de extensión de la costa de Ilo, en Moquegua.
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Al sur de Perú, la carretera se extiende y recorre la costa. En esa desértica extensión, cualquier viajero puede encontrar un cartel verde con letras blancas que invita a seguir el camino a Tacna, en la frontera con Chile, o a doblar y tomar un camino para acceder a Bolivia Mar.
El acuerdo fue firmado por el entonces presidente peruano, Alberto Fujimori, y el mandatario boliviano de aquel entonces, Jaime Paz Zamora. En aquel momento se decía que la concesión serviría para reducir los lazos comerciales con los puertos de Chile de Arica e Iquique, por donde Bolivia ingresa y despacha la mayor parte de sus productos.
De esta forma, se dejaría atrás la contradicción de que su acceso al mar dependa del país que se quedó con sus provincias costeñas tras la Guerra del Pacífico, en la que Perú y Bolivia se enfrentaron a Chile.
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“Lamentablemente, las poblaciones de Ilo como de Bolivia no nos enteramos (bien del proyecto). Todo el mundo piensa que Bolivia Mar es para (construir) un gran puerto. Pero, en realidad, es (solo para el) turismo”, explica David Herrada, cónsul de Bolivia.
Y es que los convenios firmados por los presidentes en 1992 estipulaban la cesión de Bolivia Mar, pero también dos elementos más: crear una zona franca industrial en la ciudad peruana y dar facilidades a los bolivianos para que usaran las instalaciones portuarias de esa localidad.
Jaime Paz Zamora había dicho que era una “gran victoria nacional, por volver a ser un país marítimo”, pero Bolivia no tiene soberanía sobre la franja, solo tienen autorización para darle uso turístico.
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Los pescadores peruanos son los únicos que pueden sacar provecho de la playa que no tiene ni una sola sombrilla boliviana. La zona nunca se puso en marcha, según explica el cónsul, porque las tarifas de Ilo son más caras que las de los terminales chilenos. Instalar un rompeolas y habilitar un acceso menos accidentado costaría US$ 250 millones de dólares, señala Herrada.
“Yo creo que es un presupuesto ‘no tan poco’… Es posible sacar adelante ese proyecto, pero siempre y cuando haya también más participación y afluencia de bolivianos a Ilo”, dice el cónsul.
Sin embargo, Perú exige garantías para que las importaciones y exportaciones sean numerosas para desembolsar la suma. Pero la posición de Bolivia es que Lima debe invertir primero y rebajar sus tarifas de descarga.
“Si en este momento estamos beneficiando a la hermana república de Chile con entre US$ 9.000 millones y US$ 10.000 millones de dólares anuales, solo con exportar o importar por Ilo una tercera parte, ya serían US$ 3.000 millones que, con seguridad, traerían un gran desarrollo a esta ciudad”, finalizó Herrada.