La Corte Constitucional de Colombia emitió este jueves 22 de julio una decisión judicial en la que amplía las solicitudes de eutanasia o muerte asistida —legal en dicho país desde 1997— para enfermedades no terminales. Pese a esto, el país sudamericano lo hace motivado por las barreras que aún existen para ejercer este derecho.
Con seis votos a favor, la sala plena de la corte decidió permitir el derecho a la muerte de manera asistida médicamente a enfermos no terminales, con la condición de que “el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable”.
El país latinoamericano fue el primero en la región en despenalizar la eutanasia, incluso es uno de los pocos en todo el mundo donde es legal. El hito histórico sucedió luego de que la Corte Constitucional consagrara la muerte digna como un derecho fundamental en caso de enfermedad terminal, en 1997, cuando el paciente sufra de mucho dolor, lo solicite de forma voluntaria y lo realice un médico profesional.
Con el nuevo fallo de la corte, se modifica el “homicidio por piedad” del Código Penal colombiano que incurría a penas de hasta 54 meses de prisión. También anula el principal requisito de que quien lo solicite, padezca una enfermedad terminal. La medida responde a que, pese a todo, en Colombia aún persisten barreras para permitir la eutanasia.
De ese modo, la Corte exhorta al Congreso a que legisle el “avance en la protección del derecho fundamental a morir dignamente”. Sin embargo, el Parlamento colombiano mantiene bloqueado desde hace años los proyectos de ley que buscan reglamentar la muerte digna.
Aunque es legal desde 1997, el derecho a la eutanasia no se comenzó a ejercer en territorio colombiano hasta el 2015. Además, solo se realiza en ciertas ciudades y muchos centros médicos no conocen los procedimientos a tomar. En el país se han realizado 94 procedimientos de eutanasia desde abril del 2015 hasta el 8 de mayo del 2020, según el Ministerio de Salud. De acuerdo a los datos oficiales, por cada cinco solicitudes que se realizan en el país, solo dos terminan siendo aceptadas.