Poder Judicial dicta impedimento de salida del país contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano
La medida se impuso por un plazo de nueve meses, según decisión adoptada en una audiencia pública por el juez Ricardo Huamán. Villar es investigado por atropellar y causar la muerte de la deportista en el distrito de San Isidro.
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El Poder Judicial dictó impedimento de salida del país contra Adrián Villar Chirinos, que será contabilizado desde este 23 de febrero y vencerá el 22 de noviembre de 2026, como parte de la investigación que se le sigue por la muerte de la deportista Lizeth Marzano. La medida fue adoptada por el Trigésimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, a pedido de la Fiscalía.
Villar, quien conducía el automóvil que impactó contra la campeona nacional de buceo la noche del 17 de febrero, provocando su deceso, es investigado por los delitos de homicidio culposo y omisión al socorro, así como por el ilícito de fuga del lugar del accidente. La suma de la condena que podría recibir de ser encontrado culpable por estos hechos sería no menor de 8 años de pena privativa de la libertad, según sostuvo el Ministerio Público durante la audiencia.
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Sustento de la medida
El representante fiscal, Henry Zavaleta Polo, justificó su pedido alegando la necesidad de prevenir el riesgo de fuga del investigado y garantizar su participación durante el proceso. Para ello, dio cuenta del récord migratorio que Villar ostenta a su corta edad (21 años), con un registro de viajes a países como Chile, Estados Unidos, Colombia, México y España. "Esto hace pensar que hay un alto índice de que el señor pueda salir del país", señaló.
Asimismo, explicó que, si bien el imputado hizo entrega de su pasaporte a la Policía días después de lo ocurrido, esto no implica que no pueda irse a otros países donde solo se requiera portar el DNI para ingresar o donde no le pidan el pasaporte. En vista de estas consideraciones, solicitó que se declare fundado su requerimiento, que calificó como la "medida menos gravosa" que se puede adoptar a estas alturas del proceso y considerando la cantidad de delitos en investigación.
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Defensa no se opuso
A su turno, el abogado del implicado, Jefferson Moreno Nieves, realizó una presentación que giró en torno a destacar la conducta procesal de Villar tras el accidente. Así, mencionó que fue él mismo quien decidió, a través de un escrito de apersonamiento, presentarse ante las autoridades el jueves 19 de febrero, fecha para la cual, según señaló, ni la Policía ni la Fiscalía habían logrado identificar al conductor del vehículo involucrado.
Asimismo, detalló que al día siguiente, el propio imputado hizo entrega del vehículo en una instalación policial y efectuó la cancelación de un viaje que tenía programado al exterior desde septiembre de 2025. Además, dijo que su patrocinado ha venido participando en las diligencias para la toma de su declaración, el 21 de febrero, y de visualización de los videos sobre el siniestro, que inicialmente estaba programada para el 26 de febrero, pero se realizó este lunes 23. "Con todas estas consideraciones y para seguir demostrando un comportamiento adecuado en el proceso, la defensa no se opone al requerimiento de impedimento de salida del país", apuntó al final de su intervención el letrado.

El investigado Adrián Villar, 21 años, durante su breve aparición en la audiencia. Foto: Captura Justicia TV
"Es lo mínimo"
Por su parte, el representante legal de la parte agraviada, Julio César Mendoza Herrera, se mostró conforme con el pedido del Ministerio Público, asegurando que el impedimento de salida del país "es lo mínimo que se debe solicitar". En la misma línea se expresó Adrián Villar, quien solo intervino al inicio de la audiencia para presentarse y, al final, para manifestar su conformidad con la postura adoptada por su abogado.
Tras esto, el juez a cargo del Trigésimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, Ricardo Huamán Rendón, resolvió declarar fundada la solicitud de impedimento de salida del país contra Villar. La medida será por el término de nueve meses, computados a partir de este 23 de febrero, y vencerá el 22 de noviembre del 2026. Esta decisión deberá ser notificada a la Superintendencia Nacional de Migraciones.
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