ONU tras caso Pegasus: Gobiernos deberían dejar de utilizar estas técnicas de vigilancia

El software Pegasus, negociado por la empresa israelí NSO Group, habría sido utilizado para espiar a defensores de los derechos humanos, periodistas, políticos y abogados en varias partes del planeta, según una organización de medios de comunicación con sede en París.

Tras revelarse los hechos, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, exigió este lunes 19 de julio una mejor reglamentación de las tecnologías de vigilancia, como el programa informático involucrado en la nueva investigación global.

Las revelaciones, en las que participaron The Guardian, Le Monde, The Washington Post, entre otros, sobre el uso de este software “confirman la necesidad urgente de reglamentar mejor la venta, la transferencia y el uso” de estas tecnologías, dijo Bachelet en un comunicado.

“Sin un marco normativo que respete los derechos humanos, existen demasiados riesgos de que estas herramientas se utilicen indebidamente para intimidar a los críticos y silenciar a los que disienten”, agregó la funcionaria. También pidió “garantizar un estricto control y autorización”.

“Los gobiernos deberían dejar inmediatamente de utilizar estas técnicas de vigilancia para violar los derechos humanos y deben adoptar medidas concretas para proteger contra estas intrusiones en la vida privada”, apuntó.

Para la expresidenta chilena, las develaciones sobre el uso del programa Pegasus por varios países son “muy preocupantes y parecen confirmar los peores temores sobre la posible perversión de su uso para socavar ilegalmente los derechos humanos”.

¿Qué es el caso Pagasus?

El último domingo 18 de julio salió a la luz un parte de la investigación Pegasus Project, que tiene como principal autor a la compañía de videovigilancia israelí NSO.

En dicha indagación se revela que el sistema de software, creado para el rastreo de terroristas, delincuentes y temas de seguridad nacional, fue utilizados para fines ajenos, como espiar a activistas por los derechos humanos, periodistas, políticos y empresarios de todo el mundo.

Unos 50.000 números telefónicos fueron infiltrados, entre los que figuran personalidades de la realeza árabe, 65 ejecutivos de empresas, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, incluidos ministros, diplomáticos y oficiales militares y de seguridad, así como jefes de Estado.

La investigación señala que en México se recopiló mayor información por este software (15.000) durante el gobierno de Peña Nieto.

Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos le siguen, pues habrían compilado más de 10.000 números de teléfono.

Por su parte, Amnistía Internacional, que fue parte de esta exploración periodística, pretende hacer pública una primera parte de la lista desde las 9.00 p. m. (hora de España). Así, se revelará quiénes se encuentran involucrados en la relación de nombres, ya que estaría también figuras religiosas, académicos, entre otros.