EE.UU. usó una aeronave secreta, pintada como avión civil, en su primer ataque a presunta narcolancha en el Caribe, según NYT

Expertos legales, citados por NYT, advierten que se podría infringir la prohibición de perfidia, al engañar "al adversario" sobre el estatus de la aeronave de EE.UU.

El Pentágono de Pete Hegseth defendió en comunicados oficiales que todas las aeronaves empleadas en estas operaciones contra presuntas narcolanchas pasaron por un “riguroso proceso de revisión legal”.
El Pentágono de Pete Hegseth defendió en comunicados oficiales que todas las aeronaves empleadas en estas operaciones contra presuntas narcolanchas pasaron por un “riguroso proceso de revisión legal”. | Composición LR/AFP

El diario The New York Times reveló que el Pentágono utilizó una aeronave secreta pintada para parecer un avión civil —con municiones ocultas dentro del fuselaje— en el primer ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe, el 2 de septiembre de 2025, que dejó 11 muertos. El equipo de Pete Hegseth defendió en comunicados oficiales que todas las aeronaves empleadas en estas operaciones pasaron por un “riguroso proceso de revisión legal”.

Aunque el Pentágono afirmó que desde entonces utiliza aviones claramente militares en estos ataques —parte de la denominada Operation Southern Spear—, la revelación del uso de una aeronave con apariencia civil avivó la preocupación de expertos en derecho internacional, quienes no descartan que se trate de un caso de perfidia.

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¿Por qué expertos consideran posible caso de perfidia?

Especialistas en derecho de los conflictos armados, citados por The New York Times, señalaron que el uso de un avión con apariencia civil para un ataque ofensivo podría violar la prohibición de perfidia, un crimen de guerra que se produce cuando combatientes fingen estatus civil o protegido para engañar al adversario y obtener una ventaja táctica. Si el avión no era identificable como aeronave combatiente, su participación en una acción de combate sería ilegal bajo el derecho internacional, de acuerdo a los expertos.

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Otro analista citado agregó que, si la aeronave se aproximó lo suficiente como para que las personas a bordo de la embarcación la vieran y asumieran que era civil —lo que podría haber influido en su decisión de no tomar acciones evasivas o rendirse—, ese hecho encajaría en la definición de perfidia en las leyes de los conflictos armados, que prohíben expresamente el engaño sobre el estatus civil para atacar a combatientes o civiles.

Respuesta del Pentágono y el video que Hegseth no quiere mostrar

El Pentágono argumentó que todas las aeronaves empleadas en estas operaciones pasan por una revisión legal para garantizar el cumplimiento del derecho interno y las normas internacionales aplicables, incluido el derecho de los conflictos armados. La declaración oficial insistió en que el uso de una “amplia gama de aviones estándar y no estándar depende de los requisitos de la misión”, y que se revisa su cumplimiento de las normas antes de cada despliegue.

Sobre el video del ataque del 2 de septiembre, la administración Trump sigue mostrándose reticente a liberar imágenes completas. Según reportes, existe material de vigilancia que muestra el ataque y el momento en que dos supervivientes parecieron hacer señas al avión antes de ser alcanzados en un segundo impacto. El Pentágono defiende esas decisiones operativas que se tomaron bajo el mando del almirante Frank M. Bradley, bajo el mando del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Ataque a narcolancha del 2 de septiembre que dejó 11 muertos

El ataque del 2 de septiembre de 2025 causó la muerte de 11 personas a bordo de la embarcación atacada en el Caribe, según el propio reporte inicial y confirmaciones posteriores de medios internacionales.

Desde entonces, la campaña de ataques a presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, bajo la designación de Operation Southern Spear, continúa. Informes periodísticos y datos de seguimiento señalan que, hasta finales de 2025 y principios de 2026, se reportaron al menos 30 ataques, con un total de más de 100 personas muertas en estas acciones.

Este balance provocó críticas de organizaciones de derechos humanos y algunos legisladores, que cuestionan tanto la legalidad como la transparencia de la campaña, y exigen una evaluación pública más detallada de las decisiones que han llevado a estos resultados fatales.

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