Dos tenientes de la Fuerza Armada de Venezuela fueron imputados por los delitos de tortura y homicidio del capitán Rafael Acosta Arévalo, que estaba preso tras ser acusado de golpista por el Gobierno, informó este viernes 23 de octubre el fiscal general, Tarek William Saab.
En una declaración a los medios, Saab afirmó que la Fiscalía solicitó, el último martes, dicha imputación de Ascanio Tarascio y Esteben José Zárate Soto, ambos con rango de teniente, y aclaró que una primera había sido negada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Según detalló, la sala de Casación Penal del TSJ “decretó la nulidad de una actuación pasada que había realizado” el Ministerio Público contra Tarascio y Zárate, ambos miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
La muerte de Acosta Arévalo despertó la indignación en Venezuela porque, según su defensa y portavoces de la oposición, el militar fue torturado y la última vez que se le vio con vida, cuando fue presentado ante un tribunal, no podía mantenerse en pie o hablar.
La prensa venezolana informó que el capitán fue detenido el 21 de junio de 2019 por funcionarios de la Dgcim sin que se indicaran entonces los motivos.
Poco antes de que Saab compareciera ante la prensa, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) había celebrado, a través de su cuenta de Twitter, la imputación de los dos agentes como “un paso en la dirección correcta en la lucha contra la tortura”.
Tras la publicación de ese mensaje, Saab confirmó que, el 28 de junio de 2019, Acosta Arévalo cayó en “un estado grave de salud” mientras “se llevaba a cabo una audiencia de presentación de cargos” en el cuartel de Fuerte Tiuna de Caracas. Posteriormente, fue traslado a un hospital militar, donde falleció.
Después de su muerte, según los detalles facilitados por Saab, “se hicieron investigaciones de rigor” y fueron detenidos los dos militares.
Una Misión Internacional establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusó en setiembre al presidente Nicolás Maduro y a otros altos cargos como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de cometer crímenes de lesa humanidad.