Venezuela vive uno de sus episodios más difíciles de su historia. Mientras que millones de sus ciudadanos están repartidos en los países sudamericanos y otros, la tensión política se agudiza cada vez más, con Nicolás Maduro aferrado al cargo y Juan Guaidó promoviendo la recepción del apoyo de la comunidad internacional.
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El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores venezolanas, Julio Borges, se refirió a la decisión del régimen chavista de ocupar empresas para controlar la producción y los precios.
“Lo que vemos en las últimas horas es una maniobra de la dictadura para terminar de enterrar lo poco que queda del sector privado nacional”, afirmó en su cuenta oficial de Twitter.
En su tuit también apuntó hacia La Habana: “Es un plan orquestado desde Cuba para tratar de disimular el hambre,maquillar la crisis y culpar a los empresarios de lo que ellos causaron”.
Este 26 de abril se registraron nuevamente episodios de saqueo, en plena pandemia de coronavirus y crisis económica, social y política.
En Twitter se divulgaron fotografías de las personas capturadas tras haber saqueado el Hotel Portofino en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta.
En la red social Hotel Portofino durante horas fue tendencia número uno, con una serie de mensajes en la cual también se denunció vandalismo.
Este domingo el líder chavista recorrió en automóvil algunas calles del país caribeño tras haber flexibilizado las medidas restrictivas contra el coronavirus.
“La gente fue muy prudente, pero salieron con sus niños”, afirmó Maduro en un video que publicó en sus cuentas en redes sociales tras haber anunciado que domingo y lunes podían salir unas horas jóvenes y ancianos.
En transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión Maduro informó que la cantidad de infectados ascendió a 325.
En su alocución indicó que tras la primera jornada de flexibilización de la cuarentena, "lo podríamos programar para sábado y domingo", al considerar que "salió bien".
“Yo soy optimista, creo que esto va a pasar, pero todavía falta”, añadió.
Alimentos Polar informó este domingo que anoche se mantuvieron sin poder despachar harina precocida de maíz, la más famosa y usada en Venezuela para las arepas, y tampoco aceite.
Su planta situada en la localidad de Turmero, estado Aragua, “continúa bloqueada” tras la medida impuesta a la empresa durante la inspección de fiscales enviados por el régimen.
"No hemos podido enviar el producto terminado a las sucursales, lo que nos ha impedido atender oportunamente los pedidos de los distintos clientes en varias ciudades", dijo José Francisco Bolívar, gerente de la planta.
En un comunicado publicado en Facebook, añadió: “Esto pone en riesgo el abastecimiento del mercado en las categorías que aquí producimos, con un impacto directo en la seguridad alimentaria de la población venezolana”.
Durante la jornada del último sábado 25 de abril, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció una flexibilización en la cuarentena a través de la apertura de un nuevo horario para que los ancianos, la población más vulnerable ante la COVID-19, y niños circulen por las calles.
El líder chavista adelantó que la medida entrará en vigor todos los domingos, día en el que se abrirá una franja horaria entre las 9 a. m. y las 6 p. m. (hora local) para que los niños de hasta 14 años puedan circular por las calles en compañía de un adulto.
En ese sentido, la medida también incluirá a las personas mayores de 65 años, quienes tendrán permitido desplazarse entre las 10 a. m. y las 2 p. m., aunque con diferencia al anterior grupo, ellos podrán movilizarse sin compañía.
Maduro indicó que la medida se basa en un experimento “para que todas las comunidades a un kilómetro alrededor puedan caminar”.
El régimen chavista incrementó el control de los precios de los alimentos con una gran campaña de inspección en mercados de todo el país que tiene el fin de "contener la especulación", una medida que se une a la supervisión decretada de Alimentos Polar, la mayor empresa del sector.
El vicepresidente económico, Tareck El Aissami, explicó en una intervención televisada que se trata de un “plan nacional de fiscalización para contener la especulación criminal de algunos sectores que han pretendido desestabilizar y perturbar la cuarentena” que vive el país para contener la expansión de la COVID-19.
Por ahora, esta vigilancia se centrará en mercados municipales y las principales cadenas de comercialización de alimentos, detalló el vicepresidente, citado por la agencia EFE.