El descuartizamiento de dos ciudadanos perpetrado en San Martín de Porres (SMP) que estremeció recientemente al Perú, podría estar vinculado con una de las zonas más peligrosas de Caracas (capital de Venezuela): la Cota 905.
Personas que habrían conocido a Abraham Alberto Perozo, Jhonatan Donayre Semprun y Angelbert Díaz Colina, presuntos implicados en el suceso, declararon ante las autoridades que ellos serían de la Cota 905, informó la Fiscalía Penal Corporativa de Condevilla.
Se trata de una carretera que conecta las parroquias de El Paraíso, Santa Rosalía y La Vega, en el municipio Libertador (área metropolitana de Caracas), donde la banda homónima de la cual formarían parte los sujetos, opera con total “impunidad”, según reportes locales.
Es un territorio donde las bandas delictivas actúan sin interferencias del Estado, especialmente desde 2017 cuando el régimen de Nicolás Maduro la declaró “Zona de Paz”, una política con la cual ninguna fuerza de seguridad entra a alguna región insegura del país, a cambio de que los criminales no asesinen ni secuestren a policías.
Con este programa gubernamental se buscaba que los delincuentes cedieran sus armas a cambio de todo tipo de incentivos. Sin embargo, medios locales informan que las bandas criminales cuentan con armamento pesado y dominan la zona; como quedó comprobado el pasado 26 de julio.
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Esa fecha cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) entraron a la Cota 905 y tuvieron que huir ante la embestida de los delincuentes, liderados por alias el Coqui, presunto líder del territorio.
Ante la gravedad de este hecho, la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) que preside Juan Guaidó, citó al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, para que ofreciese detalles sobre los acontecimientos. Empero no asistió porque el régimen de Maduro desconoce todos los actos del Parlamento.
“Alarma la forma como se ordena la suspensión del operativo en la Cota 905, tras algunos funcionarios heridos y sin que se diga la razón por la cual se suspende, lo que ocasiona inconformidad de los funcionarios actuantes”, dijo a finales de julio, la presidenta de la comisión, Dennis Fernández.
Las Zonas de Paz fueron anunciadas por Maduro en 2013 y desde entonces más barrios fueron tomados por bandas delictivas, según medios locales. “Trajeron muertes y ajusticiamientos que todavía siguen impunes”, afirmó Fernández citada por el portal El Pitazo.
Hechos que quedaron ratificados en el reciente informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que se refirió particularmente a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un temible comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), lanzado con la intención de retomar el control estatal.
Sin embargo el accionar furtivo de las FAES elevó la cantidad de presuntas ejecuciones extrajudiciales, resaltó Bachelet en su informe. Solo entre enero y el 19 de mayo de 2019 fueron asesinadas 1.569 personas, según las estadísticas del régimen de Nicolás Maduro. Otras fuentes aseguran que la cifra es mayor.