Maduro no detuvo ejecuciones extrajudiciales ni disolvió las FAES, según nuevo informe de Bachelet
La alta comisionada de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU volvió a ponerle el foco a la crisis en Venezuela. Según un reporte llegado a su despacho, en julio se habrían dado 57 matanzas extrajudiciales en Caracas.
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La crisis en Venezuela aumenta y el régimen de Nicolás Maduro no ha evidenciado ninguna voluntad de atender la petición de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional o de acometer otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales.
Así lo manifestó la alta comisionada Michelle Bachelet al presentar información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
En el mencionado documento, la también expresidenta de Chile dijo que su organismo “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país”.
A este respecto, hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas Y que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas, en pleno apogeo de la crisis en Venezuela.
“Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas”, denunció Machelle Bachelet.
Lamentó que el régimen de Nicolás Maduro, en lugar haberse decidido a disolver las FAES y prevenir que continúen las ejecuciones extrajudiciales, haya optado por reafirmar su apoyo a este cuerpo policial.
La Oficina de la alta comisionada de la ONU en Ginebra ha recibido del Ministerio Público de Venezuela información general que indica que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019, 104 miembros de las fuerzas de seguridad fueron condenados por violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, todavía aguarda los detalles sobre los tipos de violación, a qué institución pertenecían los responsables y el perfil de las víctimas.
Asimismo, Michelle Bachelet dijo que es preocupante el aumento de la presencia militar en el territorio del pueblo indígena pemón (estado de Bolívar, fronterizo con Guyana y Brasil), la violencia que ha sufrido y el caso de miembros de éste y otros pueblos indígenas asentados en el territorio de Venezuela, supuestamente asesinados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.
La comunidad de pemón ha sufrido además desplazamiento forzado con el fin de facilitar la extracción minera en su zona de residencia.
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