El Perú registra desde hace más de una década una de las tasas de empleo informal más altas de América Latina. Hoy, siete de cada 10 trabajadores se desempeñan sin beneficios laborales, lo que representa cerca de 12 millones de personas en esta situación.
Frente a este contexto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) presentó la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral (ENFL) 2026–2040, un marco de política pública que articula el trabajo de más de 20 entidades del Estado para impulsar el empleo formal, mejorar la productividad y ampliar la protección social en el país.
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El trabajo informal no solo afecta a los trabajadores, sino también al crecimiento del país. Según la información oficial, la informalidad genera “menores niveles de productividad, baja competitividad empresarial y menor recaudación tributaria”, además de “obstruir la libre competencia”.
A nivel social, las consecuencias son igual de profundas. La falta de beneficios laborales reduce los ingresos y limita la cobertura de protección social, lo que aumenta la vulnerabilidad económica de millones de personas. Asimismo, se señala que la informalidad “impide la acreditación de la experiencia laboral de los trabajadores informales para acceder al mercado formal de trabajo”, lo que mantiene el círculo de precariedad. Todo ello contribuye a ampliar las brechas de desigualdad en el país.
De acuerdo con la ENFL, la informalidad laboral es el resultado de múltiples factores interconectados. Entre ellos destacan el “bajo desarrollo del capital humano”, los altos costos y la complejidad del proceso de formalización, así como la “limitada capacidad de orientación y fiscalización”.
También influyen las barreras para acceder a la protección social y la “limitada diversificación de la economía”, que restringe la generación de empleos formales. A estos factores se suman elementos culturales y sociales que han normalizado la informalidad como una práctica extendida en el mercado laboral peruano, consolidando su permanencia a lo largo del tiempo.
La ENFL se plantea como el principal instrumento de articulación estatal para enfrentar este problema. Se trata de un modelo que “permite reunir los esfuerzos que realizan los sectores y entidades públicas en el marco de sus competencias” y que ordena el trabajo de más de 20 instituciones bajo objetivos comunes y resultados verificables.
La meta central es ambiciosa: alcanzar en 2040 una tasa de empleo formal del 50% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada, elevando la productividad y la protección social. Para lograrlo, la estrategia se sostiene en seis pilares fundamentales: promoción del capital humano, mejora del marco normativo e incentivos, fortalecimiento de la inspección laboral y la orientación preventiva, acceso a la protección social, diversificación productiva y promoción de la cultura de la formalidad.





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