Una mirada al mercado laboral peruano, por Fernando Cuadros Luque

Hoy analizaremos la principal problemática del mercado laboral nacional, la cual puede sintetizarse en lo siguiente:

Insuficiente crecimiento económico y de productividad: el PBI registró una significativa fase expansiva en el periodo 2002-2013, con tasas de crecimiento anual que se ubicaron por encima del 5%, salvo el 2009 (por la crisis internacional); no obstante, dicha dinámica se desaceleró entre el 2014 y 2019, con tasas por debajo del 4%. Luego, el país sufrió las recesiones del 2020 (pandemia) y 2023 (mal manejo económico), sin poder llegar a recuperar el ritmo de crecimiento anterior al 2014, más allá de la reactivación económica del 2021 (13,4%). La productividad ha seguido la misma trayectoria que el PBI.

La generación de empleo formal depende fundamentalmente -aunque no exclusivamente- del crecimiento económico, mientras que una condición necesaria para el incremento de las remuneraciones es la mejora de la productividad.

Aumento del costo de vida tras proceso inflacionario ‘21-’23 y erosión del poder adquisitivo de los ingresos laborales: entre el 2021 y 2023 hubo un importante incremento en el costo de vida, generado fundamentalmente por el alza de los precios de alimentos y energía, lo cual erosionó significativamente la capacidad adquisitiva de los trabajadores, sobre todo la de aquellos con bajos ingresos. Aún no se ha podido recuperar el poder de compra de los ingresos laborales prepandemia (9% por debajo del 2019).

Incremento de pobreza y vulnerabilidad: la pobreza monetaria se ubica más de 7 puntos porcentuales (pp) por encima de su nivel prepandemia; mientras que la pobreza extrema se ha duplicado. Entre pobres y no pobres vulnerables (a un paso de caer en la pobreza) tenemos a 60% de la población, cifra que constituiría la tasa de pobreza estructural nacional.

Mayor precarización del empleo: Si bien se ha recuperado el empleo agregado registrado antes de la pandemia, este se ha precarizado aún más, lo cual se refleja en una tasa de empleo adecuado 4 pp por debajo del nivel prepandemia; un nivel de subempleo 4 pp por encima (8 pp en el caso del subempleo por ingresos); una tasa de desempleo similar pero con un 18% de incremento en la inactividad laboral (posible crecimiento del desempleo oculto); y un nivel de informalidad laboral de los asalariados privados 3 pp por encima del 2019.

A nivel nacional, la tasa de empleo adecuado es 50%, la de subempleo 44%, la de desempleo 6% y la de informalidad laboral en el sector privado 58%.

Insuficiente generación de empleo asalariado, sobre todo formal: solo 50% de la PEA ocupada tiene empleo asalariado, mientras que el otro 50% se desempeña como autónomos (independientes y trabajadores familiares). En países OCDE, en promedio, 90% del empleo es asalariado (es el que brinda las mejores condiciones laborales). La insuficiente demanda laboral empresarial formal en Perú obliga a la mitad de la población a generar su propio empleo, 90% en condiciones precarias. Del 70% de informalidad global, 2/3 es explicada por la informalidad tributaria de los autónomos y 1/3 por la informalidad laboral de los asalariados.

Debilitamiento de la remuneración mínima y ausencia de institucionalidad: no se cuenta con un mecanismo técnico vinculante, plasmado en una norma, para la revisión periódica de la remuneración mínima. Ello ha implicado un manejo arbitrario de la misma, de tal forma que ha perdido el 14% de su poder adquisitivo desde el 2018 y no permite cubrir ni siquiera el componente alimentario de la canasta básica familiar (línea de pobreza extrema).

Uso intensivo y desnaturalizado de la contratación temporal: 2 de cada 3 trabajadores formales privados tienen un contrato temporal, a pesar de que la mayoría realiza labores permanentes, lo cual imposibilita el ejercicio de la sindicalización y negociación colectiva, ante el temor que las empresas no les renueven sus contratos. Ello minimiza la capacidad de los trabajadores para acceder a mejoras remunerativas y de sus condiciones de trabajo. Además, el abuso de la contratación temporal desincentiva la inversión en capacitación laboral de las empresas, limita el acceso al sistema financiero para los trabajadores, genera discontinuidad en los aportes a la seguridad social, etc.

Productividad crece más que remuneraciones en el sector privado formal: debido a la escasa cobertura de la sindicalización y negociación colectiva (5%), las mejoras de la productividad no se han traducido, de manera proporcional, en incrementos de las remuneraciones.

Limitaciones para la sindicalización y negociación colectiva: además del desincentivo al ejercicio de dichos derechos laborales generado por el uso intensivo y desnaturalizado de la contratación temporal, existen otros factores que lo limitan, como el elevado número mínimo de trabajadores necesarios para formar un sindicato de empresa (20) en un país donde predominan las MYPEs; las restricciones normativas a la negociación colectiva por rama de actividad (que permitiría una mayor cobertura de dicho mecanismo); el uso desnaturalizado de la tercerización laboral con destaque de personal (que atomiza la actividad empresarial); las restricciones administrativas impuestas arbitrariamente por el MTPE (sobre todo para el ejercicio del derecho a huelga); la debilidad de la fiscalización laboral; etc.

Inequidad en la distribución de la riqueza entre capital y trabajo: solo el 28% de la renta generada anualmente queda en manos de los trabajadores vía remuneraciones, mientras que el 63% se concentra en la renta empresarial después de impuestos, lo cual nos coloca en la cola de la región latinoamericana y en una situación opuesta a la del mundo desarrollado. La debilidad de las organizaciones sindicales, entre otros, han impedido que las mejoras de la productividad observadas desde el 2002 se trasladen significativamente a los trabajadores vía mayores remuneraciones.

Escasa cobertura previsional y bajo nivel de pensiones: solo 1 de cada 3 trabajadores está afiliado a algún sistema previsional y no todos cotizan de manera regular. Ello implicará que 2 de cada 3 trabajadores no cuenten con pensión alguna al llegar a su edad de jubilación, lo cual exacerbará el círculo vicioso de la pobreza y la precariedad. A esto se debe sumar que los 2 principales sistemas previsionales (el público, de capitalización colectiva, y el privado, de capitalización individual) funcionan de manera alternativa en lugar de complementaria, lo cual, entre otros factores, no les permite generar pensiones adecuadas.

Inexistencia de una carrera meritocrática en el servicio civil: hay una diversidad de regímenes de contratación con distintas reglas en el Estado, muchos de los cuales precarizan el empleo público y se prestan para la corrupción (como CAS y locación de servicios), lo que no permite una gestión eficiente de los recursos humanos y empobrece el diseño e implementación de las políticas públicas.

En mi próxima columna presentaré un conjunto de propuestas para comenzar a solucionar la problemática analizada.