Hacia la formalidad laboral: un reto estructural para el Perú, por Óscar Fernández Cáceres

*El autor es actual Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

La informalidad laboral es, desde hace décadas, uno de los principales problemas estructurales de nuestra economía. Hoy, 7 de cada 10 trabajadores en el Perú se encuentran en la informalidad. Esto significa que más de 12 millones de personas trabajan sin acceso a la protección social y con menores oportunidades.

Tras alcanzar niveles cercanos al 77% en 2021, como consecuencia de la pandemia, la informalidad se redujo gradualmente hasta ubicarse alrededor del 70,6% en el periodo octubre 2024 – septiembre 2025, según el INEI. Esta mejora, que responde principalmente a la recuperación de nuestra economía, nos abre una ventana de oportunidad para impulsar las reformas estructurales pendientes en el mercado laboral, a fin de consolidar una reducción sostenida y de largo plazo de la informalidad laboral. 

Por ello, debemos ser claros: la informalidad no se corrige sola ni con medidas aisladas. Requiere una mirada integral y sostenida en el tiempo. Para ello, uno de los primeros pasos es reconocer que la informalidad no es homogénea. En el Perú conviven distintas formas de empleo informal, con causas y soluciones diferentes. Del total de trabajadores informales, el 47% son trabajadores independientes, muchos de ellos en actividades de subsistencia, y el 35% son trabajadores asalariados privados, principalmente en microempresas (3,4 millones de personas). En conjunto, estos dos grupos concentran más del 80% del empleo informal del país. A ello se suma el fenómeno de los trabajadores familiares no remunerados, especialmente en zonas rurales y actividades de baja productividad.

Esta heterogeneidad nos obliga a diseñar respuestas diferenciadas, con un fuerte enfoque territorial y productivo. En esa línea, un dato revelador de nuestra economía es que el sector informal solo genera el 18% del Producto Bruto Interno. Esto evidencia una brecha profunda de productividad entre el sector formal y el informal. Dicho de otro modo, la informalidad no es solo un problema de cumplimiento, sino de capacidad real para generar ingresos. Cuando la productividad es baja, los salarios también son bajos y, en ese contexto, para las empresas y los trabajadores asumir los costos de la formalidad se vuelve inviable. 

Las comparaciones internacionales confirman esta realidad. Por el nivel de ingreso del Perú, la informalidad debería ubicarse alrededor del 50% (Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL) pero se mantiene cerca del 70%. Es decir, tenemos un “exceso de informalidad” de casi 20 puntos porcentuales, explicado por problemas estructurales de productividad y desarrollo productivo. 

En esa misma línea, los regímenes laborales especiales para la micro y pequeñas empresas, que tienen un leve aumento del costo de la remuneración mensual, tampoco son suficientes sino se mejora la productividad. De allí la importancia de diversificar la estructura productiva, fortalecer cadenas de valor e integrar a las micro y pequeñas empresas en mercados formales, lo que permite crear empleo más estable y con derechos. No existirá una mayor formalización sin transformación productiva; la formalización laboral debe acompañar las acciones de desarrollo empresarial, encadenamientos productivos y acceso a mercados.

Un elemento estratégico para articular esfuerzos multisectoriales y promover la formalidad empresarial y laboral son las cadenas logísticas del país. Se han identificado y priorizado 52 cadenas logísticas que agrupan a los segmentos productivos más representativos tanto del comercio exterior como del mercado interno, incluyendo productos como palta, café, uva, espárragos, cebolla, legumbres y tubérculos, entre otros. Estas cadenas no solo movilizan productos, sino que integran a agentes productivos, transportistas, acopiadores y mercados, y atraviesan múltiples regiones, generando valor agregado y conectando a productores con mercados nacionales e internacionales. La articulación de esfuerzos en torno a estas cadenas puede ser un punto de partida para elevar la productividad, fortalecer capacidades empresariales y ampliar oportunidades de empleo formal en múltiples territorios del país.

En ese contexto, el fortalecimiento del capital humano es fundamental para la mejora de la productividad y para reducir la informalidad. La mayoría de los trabajadores informales tiene como máximo educación básica, y las mayores tasas de informalidad se concentran en jóvenes y trabajadores de zonas rurales. En esa línea, es fundamental fortalecer todas las intervenciones que promuevan una formación para el trabajo alineada a la demanda del mercado, la certificación de competencias adquiridas por experiencia, la formación dual y el primer empleo formal, así como el uso de herramientas digitales para ampliar la cobertura de la capacitación. Sin capital humano capacitado, la formalización no es sostenible. 

En ese marco, contamos con una Comisión Multisectorial de Formalización Laboral como un espacio permanente de articulación entre sectores del Estado y niveles de gobierno. Esta Comisión viene trabajando en una estrategia integral de formalización laboral, que aborda de manera conjunta la productividad, el empleo, la protección social, el desarrollo productivo y la cultura de la formalidad. El objetivo es claro: contar con una hoja de ruta técnica, realista y consensuada, que pueda ser continuada y fortalecida. 

La informalidad no se reduce de la noche a la mañana. Requiere constancia, acuerdos y visión de país. Estamos avanzando con responsabilidad y realismo, convencidos de que formalizar es incluir, proteger y construir futuro para el país.