
Las reuniones del presidente interino José Jerí con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, este último con prisión domiciliaria e investigado por tráfico ilegal de madera, no han generado una reacción de mayor contundencia entre los gremios empresariales e incluso la mayoría hizo mutis. Ello, pese a que la corrupción fue identificada como unas de las principales preocupaciones del empresariado peruano en el último CADE Ejecutivos 2025, según Ipsos Perú.
Si bien algunos gremios emitieron pronunciamientos tras las revelaciones periodísticas, ninguno planteó de manera directa la censura del mandatario.
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Desde la Asociación de Exportadores (ADEX), se exigió "transparencia e integridad" y sostuvo que corresponde al presidente brindar explicaciones "con objetividad" sobre actividades realizadas fuera de la agenda oficial, especialmente en un contexto preelectoral, por lo que "resulta fundamental preservar la continuidad institucional del país".
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Desde la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), pidieron realizar una investigación exhaustiva sobre las reuniones de Jerí y que si se demostraran actos de corrupción, se debe sancionar con todo el rigor de la ley.
En su comunicado, la SNI señaló que "el país requiere estabilidad institucional para garantizar un proceso electoral limpio y transparente en el cual se elegirán a las próximas autoridades, quienes regirán los destinos del país a partir del 28 de julio de este año". Precisaron que solo si se demostraran actos de corrupción correspondería sancionar a los responsables conforme a ley.
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Sin embargo, fueron tajantes en mostrar su desacuerdo "con las propuestas que precipitadamente plantean la censura o renuncia del Presidente".
Desde la orilla de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), instaron al presidente Jerí a rendir cuentas ante el Congreso y a colaborar con las investigaciones del Ministerio Público. El gremio advirtió que la falta de respuestas oportunas reduce la confianza ciudadana, debilita la gobernabilidad y afecta el clima de inversión y la seguridad jurídica. Invocó a las autoridades competentes a continuar las investigaciones con independencia, garantizando el respeto al debido proceso
Desde Perucámaras, gremio que agrupa a 73 cámaras de comercio nacionales y binacionales, expresaron su "profunda preocupación" por las reuniones no oficiales del mandatario y cuestionaron las explicaciones ofrecidas hasta el momento, calificándolas de "confusas y poco convincentes".
El gremio advirtió que la erosión de la confianza ciudadana debilita el liderazgo del Ejecutivo y la estabilidad.
"La gestión presidencial se sostiene sobre la confianza ciudadana. Cuando esta se erosiona, se debilita no solo el liderazgo del Ejecutivo, sino también la estabilidad institucional que el país necesita para enfrentar sus desafíos", indicaron.
Perucámaras sostuvo que corresponde al Congreso evaluar "con serenidad y firmeza" si es posible restituir la confianza en el mandatario o si, por el contrario, debe abrirse paso a una transición constitucional para recuperar la legitimidad del Ejecutivo. "A pocos meses de las elecciones generales, resulta imperativo que el corto periodo restante de gobierno se conduzca con máxima responsabilidad, garantizando la continuidad institucional, la limpieza del proceso electoral y la paz social", indicaron.
Este diario consultó con la oficina de comunicaciones de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), el gremio más poderoso del país, sobre cuál es la posición que han tomado respecto a este caso, sin embargo hasta el cierre de esta nota, no obtuvo ninguna respuesta.
Se suman en la lista que no han emitido pronunciamiento alguno: la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), Sociedad Nacional de Minería Petroleo y Energía (SNMPE), Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif) Asociación PYME Perú, entre otros.
El Estudio Económico de la OCDE: Perú 2025 reveló que la corrupción es aún uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social del país. Según cálculos del organismo, este problema representa un costo cercano al 2,4% del PBI anual, debilitando así la prestación de servicios, socavando la confianza en las instituciones y limitando la eficacia del gasto público.
En 2024, la corrupción le costó S/24.000 millones al país, según reveló la Contraloría General de la República.

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