Empresas de transporte público tendrán acceso a botón de pánico y medidas de seguridad ante extorsiones
El Decreto Supremo 009-2026-PCM también establece asistencia psicológica a víctimas y ayuda económica. Además, incluye programas de reinserción laboral.
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El Poder Ejecutivo publicó este domingo 18 de enero el Decreto Supremo 009-2026-PCM, el cual establece disposiciones complementarias para la aplicación de la Ley 32490. Esta normativa tiene como objetivo la ejecución de acciones extraordinarias frente a los delitos de extorsión y sicariato que afectan a las empresas de transporte público.
La normativa establecerá medidas para la creación de un fondo de apoyo financiero postdelito y reparación integral para los transportistas afectados por la criminalidad.
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Implementará mecanismos de protección que incluyen la reserva de la información de la denuncia e identidad del denunciante. Foto: Kevinn García
Medidas de seguridad y prevención para transportistas
De acuerdo al decreto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) llevará a cabo la evaluación, supervisión y determinación de las rutas, paraderos, terminales y unidades de transporte de personas y mercancías para la aplicación de acciones de seguridad.
Además, se autoriza el intercambio de información entre la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la Sunat y la Policía para el rastreo de flujos de capital vinculados al cobro de cuotas ilegales.
Las acciones de seguridad incluyen la instalación de cámaras de videovigilancia y botones de pánico con conexión al sistema C5i, bajo los criterios de los mapas del delito y el análisis de riesgo. La ejecución de estas medidas se realizará por etapas, de acuerdo con la existencia de dispositivos y la asignación de recursos económicos.
Transportistas afectados por extorsión y sicariato recibirán compensaciones
El dispositivo legal contempla la creación de un fondo de garantía para la reposición de unidades de transporte en casos de atentados. Para los trabajadores del sector, se establecen programas de asistencia médica y psicológica, así como el otorgamiento de beneficios económicos para los familiares en situaciones de fallecimiento por actos de violencia en el ejercicio de sus labores y ayuda para encontrar nuevos empleos.
"La reinserción laboral es el proceso al que pueden optar voluntariamente las personas afectadas para que, con el apoyo de los servicios públicos de empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, puedan reincorporarse en el mercado de trabajo, de preferencia, en empresas de transporte público o de empresas de mercancías; o en empresas de otros sectores económicos, e incluso desarrollar una actividad económica por cuenta propia.", indica el decreto.
La acreditación de los daños para acceder a estos beneficios se realizará mediante informes de la Unidad de Inteligencia Financiera o las autoridades competentes. Según el texto, la Presidencia del Consejo de Ministros coordinará con los sectores de Transportes, Interior y Economía para asegurar la provisión de los recursos necesarios para la operatividad de estas medidas.
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