Agricultores del Valle de Tambo buscan suspender proyecto Tía María a través de medida cautelar

Con información de Elvis Cairo - Urpi

Tras conocer la decisión del gobierno de autorizar el inicio de las actividades de explotación de Tía María, los agricultores del Valle de Tambo, acompañados de abogados de organizaciones de sociedad civil, interpusieron una medida cautelar ante el Poder Judicial para frenar los efectos jurídicos de la resolución que dio luz verde al proyecto minero a cargo de Southern Copper.

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En conferencia de prensa, el dirigente Miguel Meza calificó como una "imposición" la actitud del Poder Ejecutivo, que no ha respetado el mayoritario rechazo de la población expresado desde el 2009 en la consulta popular realizada en seis distritos de Islay. Asimismo, cuestionó el hecho de darle luz verde a Southern, pese a que no cuenta con el permiso de uso de agua requerido ni el derecho de servidumbre.

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"¿Cómo le otorgan esta resolución ministerial a Southern? Su estudio de Impacto Ambiental está caduco, no tiene la servidumbre y no cuenta con autorización de uso de agua. Recordemos que, su primer EIA era un mamarracho y respecto a su segundo estudio, dijeron que iban a sacar agua del mar. Hace días estuve conversando con la alcaldesa de Mejía y me informó que no hay trámite ante la municipalidad o Dicapi", manifestó.

De igual forma, recordó que, hasta el momento, ningún representante del gobierno se ha acercado a dialogar con la población del Valle de Tambo, pese a que se han cursado invitaciones anteriormente tanto a la expresidenta Dina Boluarte como a sus ministros de Estado. Por lo pronto, insistirá en este pedido ante el mandatario José Jerí y el gabinete ministerial, aunque reconoce no tener muchas expectativas al respecto.

Meza informó que en los próximos días se convocará a una asamblea popular para decidir las acciones a tomar en rechazo al proyecto Tía María. Para este propósito, se ha conformado una comisión que dialogará con otras organizaciones sociales y ya está en funciones un Comando de Lucha en el Valle de Tambo que liderará la presión en las calles.

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Tía María sin respaldo: agricultores buscan frenar su inicio

Según explicó David Velazco, director Ejecutivo de Fedepaz, ya existe una demanda de amparo contra las autoridades ambientales y la propia empresa de capitales mexicanos que fue presentada a fines de marzo de este año. El cuestionamiento central se centra en la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que caducó en el 2019.

"Estamos cuestionando la vigencia del EIA a través de la demanda de amparo que hemos presentado ante el Primer Juzgado Constitucional de Lima. Este jueves, vamos a plantear una medida cautelar, de manera preventiva, y esperamos que el Poder Judicial suspenda los efectos de esta resolución directoral que autoriza las actividades de explotación hasta que se resuelva el pedido principal que tiene que ver con la caducidad del Estudio de Impacto ambiental", indicó a este medio.

En la misma línea, estimó que el Poder Judicial debe emitir un pronunciamiento en unos 30 días y el tema de fondo podría resolverse a fines de diciembre o inicios de enero del próximo año. A su juicio, existen las pruebas necesarios para conseguir un fallo exitoso, puesto que un EIA tiene solo cinco años de vigencia, y el estudio presentado y aprobado data del 2014.

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Por su parte, Rodrigo Lauracio, miembro del equipo legal de la Red Muqui, recordó que los pobladores del Valle de Tambo han agotado todas las vías administrativas necesarias antes de recurrir a la instancia judicial. Y es que, ellos presentaron un pedido de nulidad ante la Dirección General de Minería y solicitaron al Senace incorporarse como tercero en el procedimiento administrativo. No obstante, estos recursos fueron desestimados.

"Senace han sostenido que los pobladores no tenían un interés legítimo para intervenir en este procedimiento de evaluación de la caducidad del EIA. Esto claramente es una negativa y por lo tanto, la vía que correspondía era judicializar el caso a través de una demanda de amparo. Una vez llevada la audiencia el 18 de diciembre, el juez tiene el plazo de 10 días para emitir una decisión. Para los primeros días del 2026, deberíamos tener una sentencia, que consideramos debería ser favorable porque tenemos los medios probatorios para acreditar que el EIA ha perdido vigencia", anotó.

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Dirigentes denuncian criminalización y evalúan protestas

En la conferencia de prensa, también participaron otras representantes del Valle de Tambo como Agripina Páucar, Paulina Bobadilla y Vilma Bobadilla. Ellas denunciaron que el proyecto Tía María supone una amenaza de contaminación de su medio natural agrícola y advirtieron una posible afectación al ecosistema frágil de Lomas de Cachendo.

De no obtener respuesta por parte de los integrantes del gobierno de José Jerí, no dudarán en retomar las movilizaciones para defender el agua, su territorio y fuentes de vida. Recordaron que entre el 2011 y 2014, siete peruanos perdieron la vida durante las protestas, dos se encuentran en prisión y existe una estrategia de criminalización contra los líderes sociales.

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En otro momento, Meza se refirió a las declaraciones del CEO de Southern Perú, Raúl Jacob, quien anunció que concluirá la parte de la construcción de la mina y de apertura para la segunda parte del 2027, así como resaltó las bondades económicas de Tía María. Para Meza, la agricultura es la actividad que mayor trabajo les da a los pobladores.

"En el Valle de Tambo, el jornal de trabajo es de S/110 y S/120 y falta personal para trabajar la chacra. En su propio EIA, señalan que generan 700 empleos directos, de las cuales, el 90% es para mano calificada y el 10% que no tienen una carrera. Resulta que las políticas mineras buscan ensalzar las bondades económicas a costa de la agricultura y el ambiente sostenible", sentenció.