Minem pone fecha de inicio al proyecto Tía María en medio de protestas sociales

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, anunció que la construcción del proyecto Tía María comenzará en agosto o septiembre de este año. Durante su presentación en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y en una entrevista para el programa Diálogos Mineros, afirmó que el proyecto "avanza muy bien en los temas sociales y su capacidad de involucramiento social está por buen camino".

Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la realidad. Desde el 17 de febrero, cientos de manifestantes de la macro región sur (Puno, Arequipa y Tacna) han exigido la cancelación definitiva del proyecto bajo el lema "Agro sí, mina no".

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Proyecto Tía María: ¿qué exigen los manifestantes?

Según el más reciente boletín compartido por el Comité de Lucha Melgar-Puno, el paro indefinido del pueblo del Valle del Tambo contra los proyectos Tía María y La Tapada, de la empresa Southern Copper del Grupo México, exige lo siguiente:

• Cancelación definitiva del proyecto Tía María - La Tapada.
• Culminación del Gasoducto Sur Andino.
• Derogación del Decreto Legislativo 1620 y otras normativas que privatizan el agua.
• Derogación de la Ley 32242, que establece la destitución automática de maestros, directores, auxiliares y administrativos.
• Implementación de una planta de tratamiento, medidas de resarcimiento y cierre de empresas mineras que contaminan la Cuenca de Llallimayo en Melgar.

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Un conflicto de larga data

El exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, expresó su preocupación a La República por la lucha que los pobladores han sostenido durante años, señalando que el gobierno de Dina Boluarte no se caracteriza por su disposición al diálogo frente a los conflictos sociales.

"Carga una mochila de violencia y muerte", advirtió De Echave. "El Perú ha vivido en los últimos 25 años varios conflictos sociales vinculados a la minería, con saldos muy preocupantes".

Tres gobiernos han intentado impulsar el proyecto, no solo por su magnitud, sino también por su bajo costo de producción y el alto precio actual del cobre. Para el exviceministro, la incidencia política de Southern Copper está dando resultados.

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"No hemos sido escuchados por la presidenta, pese a que firmó un compromiso para revisar el proyecto e indultar a los sentenciados", señaló Miguel Meza, vocero de la lucha Valle del Tambo, a este diario.

Varios de sus compañeros manifestantes han sido condenados hasta por siete años de cárcel por delitos como bloqueo de vías, extorsión y disturbios, entre otros. Incluso hay jóvenes que, desde 2011, viven con una bala en el cuerpo. En ese sentido, Meza afirmó que la lucha ha sido criminalizada y que los manifestantes se mantienen leales a los mártires de las huelgas de 2011 y 2015.

"No hay perdón ni olvido para Southern", remarcó Meza.

Asimismo, informó que la empresa, a través de terceros, mantiene campamentos aledaños a Tía María donde se realizan actividades ilegales.

Cabe recordar que, en 2009, el Valle del Tambo realizó una consulta popular a través de los alcaldes locales, en la que el 96,7% de la población votó en contra del proyecto Tía María.

Impacto ambiental y de empleo

Uno de los puntos clave en el debate sobre Tía María es la incertidumbre respecto a la vigencia de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Este fue aprobado el 1 de agosto de 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, y, según la normativa vigente, su validez es de cinco años.

"¿Cómo un EIA aprobado hace más de una década sigue considerándose válido?", cuestionó José De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental.

Por otro lado, Southern Copper Corp. actualizó el presupuesto del proyecto Tía María a US$1.802 millones. Según el IIMP, hasta el 31 de diciembre de 2024, la empresa ha generado más de 614 puestos de trabajo, de los cuales 492 han sido ocupados por trabajadores locales.

Sin embargo, la generación de empleo en la minería se concentra en la fase de construcción, mientras que en la fase productiva el número de puestos de trabajo disminuye considerablemente. Además, los empleos en esta etapa suelen requerir alta especialización, lo que dificulta el acceso para la población local.

En contraste, la agricultura, que es la principal actividad económica del Valle del Tambo, proporciona empleo de manera constante y accesible para los habitantes de la zona. Por ello, los agricultores temen que el impacto del proyecto minero afecte sus tierras y fuentes de agua, poniendo en riesgo su sustento y el equilibrio económico de la región.