El último miércoles, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen que busca la reducción del IGV al 8% para los centros de belleza y peluquerías. Actualmente, estos impuestos están grabados en 18%. Según datos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), cerca de 5.300 empresas se encuentran registradas es este rubro. Según sus principales impulsores, se busca fomentar la formalidad en el sector, así como su reactivación tras la pandemia de COVID-19.
La votación recogió los proyectos de ley de los congresistas José Pazo de Somos Perú y Eduardo Castillo de Fuerza Popular. Ambos presentaron, el año pasado, los dictámenes 4450/2022-CR y la 6611/2023-CR, respectivamente, los cual se recogieron en el dictamen titulado 'Ley que promueve un régimen tributario especial denominado recorte
tributario para las empresas dedicadas a peluquería y otros tratamientos de belleza'. El siguiente paso es la programación de su debate y votación en el pleno del Congreso.
La presentación de este proyecto de ley ocurrió en diciembre del año pasado. Eduardo Castillo, congresista de Fuerza Popular, fue el primer impulsor para que el dictamen se discuta en la comisión de economía del Congreso; sin embargo, se mantuvo encarpetado. En su momento, la Asociación Peruana de Empresarios de Belleza (APEB) manifestó que el 10% de su sector podría quebrar por los rezagos de la pandemia. Esto se debía a la perdida de puestos de trabajo, mayormente en pequeñas y medianas empresas. Según datos de la asociación, el sector pasó de 90.000 salones de belleza a casi 50.000 en todo el país.
Por otro lado, el proyecto de ley 4450/2022-CR, presentado por José Pazo de Somos Perú, busca el rescate de los emprendimientos de las pymes y mypes del rubro de la belleza. Al igual que el proyecto anterior, justifica esta medida con los casos de aquellos negocios que se vieron afectados tras la pandemia, crisis política y otras condiciones económicas en el país. El proyecto de ley presentado el miércoles unió ambas propuestas y busca mantener esta medida de forma permanente.
Como se recuerda, el Gobierno de Pedro Castillo promulgó la ley 31556 en 2022. Esta norma legal buscaba beneficiar a las micro y pequeñas empresas del rubro de hoteles, alojamientos y restaurantes, y será válida hasta el 31 de diciembre de 2024. Actualmente, estas empresas se benefician de la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV), que pasó del 18% al 8%.
En su momento, los parlamentarios que apoyaron la medida indicaban que la reducción del IGV ayudaría a la competitividad en este sector, y brindaría una mayor accesibilidad en su formalización. Al momento de promulgar la norma, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló que no estaba de acuerdo con la norma aprobada por el Congreso. El ministro de Economía del Gobierno de Pedro Castillo, Óscar Graham, señaló que la norma solo beneficiaba a menos de la mitad de los negocios del país, es decir, a los más grandes. El extitular del MEF aclaró que, de 62.000 negocios, la mayoría no pagaba IGV al encontrarse dentro del Régimen Único Simplificado (RUS), en el que ya pagan menos impuestos.