Los ejes de la nueva reforma previsional
Apuestas. El Gobierno presentará en marzo su propuesta de un nuevo sistema de pensiones, la cual debe considerar los aportes de empleadores, garantizar pensión mínima e incluir a informales e independientes, según especialistas.
Los empleadores también deben aportar
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tiene una comisión encargada de la propuesta —a presentarse el próximo mes— de la reforma del sistema de pensiones.
César Abanto Revilla, miembro externo de ese grupo de trabajo, adelantó que en la PCM se estudia la posibilidad de restablecer la contribución por parte del empleador e, incluso, por parte del Estado.
Es crucial, a su criterio, deslaboralizar el esquema previsional e incluir también a los trabajadores formales e informales, partiendo con escalas y modelos distintos de contribución porque no es lo mismo exigirle una tasa a una persona que gana el básico para subsistir que a uno que gana S/10.000 mensuales.
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Ello iría de la mano con una subida de la tasa de aportación, la cual “no es políticamente popular”, pero se tiene que hacer pese a lo complicado que resulte.
Además, es partidario de elevar la edad jubilatoria y reducir los supuestos de jubilación anticipada, suprimiendo también los mecanismos de retiro que se aplicaron durante la emergencia sanitaria y que ahora “destejen la frazada” para cubrirnos una vez llegada la edad del retiro laboral.
Dichas propuestas serán analizadas en sus respectivas instancias del Congreso y se sujetarían a modificaciones.
La PCM busca que el Estado tenga una contribución en el sistema de pensiones. Foto: composición LR
En esa línea, el abogado Álvaro Vidal argumenta que el convenio 102 de la OIT —ya ratificado por el Perú— establece que la pensión mínima debe ser del 40% de la remuneración referencial, pero en el mercado peruano no se cumple.
El letrado ve trascendental el aporte del empleador y que el Estado garantice no solo el ahorro, sino también la distribución solidaria, abandonando así el esquema de ahorro en cuentas individuales de capitalización, “que no ha funcionado a nivel internacional ni aquí”.
Las AFP quieren seguir manejando el modelo
Sin que el Estado administre el sistema previsional reformulado, ya que “sería un error” por estar sometido a “presiones políticas”, de acuerdo con Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP.
Dentro de su propuesta multipilar, asegura que se debe instaurar una comisión por desempeño, con la cual se establecería un componente fijo para los costos operativos por manejar el fondo, mientras que el componente variable se ligaría a la rentabilidad de este, y, en caso de que haya pérdidas, no se le cobraría ni un sol al aportante.
Asimismo, exigen que el Estado tenga un rol contributivo para incluir a los ciudadanos ajenos a la formalidad mediante una contribución equiparada, permitiendo que todos tengan a los 65 años una pensión universal que reemplace al programa Pensión 65, cuyo alcance se limita actualmente solo a los más vulnerables.
“Por cada sol aportado por el afiliado, el Estado da un monto equivalente hasta alcanzar una pensión mínima”, sostuvo Prialé.
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Otra de sus apuestas es devolver el 1% del IGV que pague durante un año un trabajador, así como aplicar la deducción de impuestos a las empresas que aporten recursos al fondo de jubilación de aquellos empleados que tengan menores ingresos. Con estas premisas, las AFP avalan que se establezca una pensión proporcional para los peruanos que aporten desde 10 años en adelante.
Finalmente, consideran acertado elevar la competencia en el mercado con nuevos gestores de pensiones al preservar la intangibilidad de los aportes, lo cual demandará a la ONP transformarse hacia un sistema con cuentas individuales. “Nosotros sí creemos que el sistema público de pensiones podría ir migrando hacia uno de capitalización individual”, concluyó.
Calidad. Actualmente, solo dos de cada diez trabajadores puede acceder a una pensión, la cual no garantizan calidad de vida. Foto: difusión
Pensión universal, la piedra angular de la reforma
El Comité de Lectura —compuesto por especialistas de distintos tintes ideológicos— acordó que toda persona nacida en el Perú debe registrarse automáticamente al sistema integrado de pensiones, así como aquellos extranjeros residentes que lo requieran.
Dicha pensión básica universal se gestaría como una versión más amplia de Pensión 65 y su monto por usuario se actualizará periódicamente, de acuerdo a los criterios del MEF y de la institución autónoma constitucional que administre las pensiones.
No obstante, se excluiría al grupo de personas que evidencien tener el dinero suficiente para hacer más llevadera su vejez.
Dicho comité pone sobre el tapete dos mecanismos de solidaridad para la entrega de la pensión básica universal: vía transferencias del Tesoro o con una redistribución dentro del sistema previsional.
A detalle, las transferencias directas se darían si el jubilado no lograra alcanzar los tramos de pensión mínima vigentes según sus años de aporte. Aquí, el Estado cubrirá la diferencia con recursos que provengan de la recaudación de impuestos.
Se apuesta a un concepto de responsabilidad tripartita para las pensiones gracias al aporte de trabajadores, empleados y Estado.
Mientras que la redistributiva considera que el 70% de los aportes vayan a una cuenta individual de capitalización (CIC) y un 30%, al componente colectivo, en línea a lo recomendado por la OCDE.
Dichos aportes a la CIC se administrarán por una gestora debidamente supervisada y regulada por el Estado; y los recursos para el colectivo integrarán un fondo común con gestión profesional de sus inversiones mediante un sistema de reparto o un sistema de cuentas nocionales.
Escuchar a los jubilados para mejorar el sistema
En la Comisión de Trabajo del Congreso —presidida por Sigrid Bazán— se han formado mesas de diálogo entre técnicos y representantes de los trabajadores, jubilados y afiliados al sistema previsional de diversos regímenes laborales.
Aquí se elaborará un texto sustitutorio que recoge algunos puntos ya planteados anteriormente por la comisión de Carmen Omonte —en la que proponían que el Estado maneje los fondos mediante un nuevo organismo público—.
Por ejemplo, la Confederación Nacional de Pensionistas del Perú plantea que las aportaciones de los trabajadores pueden elevarse, aunque no debe afectarlos, por lo que es vital el modelo tripartito financiado por el Estado, empleador y empleado; sin embargo, este sistema reformado “debe estar alejado de los gobiernos de turno, pero no ausentes”.
Mientras que la Confederación Minera espera que no se siga sacando la vuelta a la ley, ya que en el sector minero, pese a restringirse la tercerización en las actividades esenciales, los trabajadores continúan sin aportar el sistema previsional y no tienen acceso a pensiones ni atención médica garantizada.
Y desde la Confederación Nacional de Jubilados exhortan a que se equilibre la tasa de aportes en un contexto en el que las empresas generan utilidades a costa de los trabajadores.
Las agrupaciones coinciden en que, más allá del debate académico y técnico, no se materializará la reforma si no hay decisión política del Gobierno para la reforma previsional.
El grupo de trabajo encabezado por Bazán también pretende articular una reforma tributaria para ampliar la base de recursos que puede percibir el Estado a fin de atender los cambios propios de contar con un nuevo modelo previsional que alcance a más trabajadores y dignifique las pensiones al jubilarse.
Reacciones
César Abanto, abogado
“El sistema que tenemos es un fracaso hoy (...), es excluyente. No puede ser exitoso si solo el 22% de los trabajadores están protegidos. Solo dos de cada 10 trabajadores pueden anhelar una pensión”.
Javier Olivera, economista
“Un único elemento que genera consenso entre todos es empezar a universalizar Pensión 65 (...). Creo que la reforma debe ser mixta con distintas fuentes: pensión social, distributiva, reparto y CIC”.
Erick Villanueva, pdte. Ancije
“Antes de ser pensionistas percibimos sueldos para sobrevivir. El modelo previsional tiene que estar ligado a decisiones políticas. Debemos buscar aliados y tener representantes en estos órganos”,
Giovanna Prialé, presidenta de la AAFP
“Las personas (en la ONP) no tienen una cuenta individual de capitalización (...). Nosotros sí creemos que el sistema público de pensiones podría ir migrando hacia uno de capitalización individual”.
