Ad portas de cumplir su primer año al mando del país, el discurso del presidente Pedro Castillo para redireccionar la economía no ha estado exento de promesas que cayeron en saco roto o que fueron completamente olvidadas.
En su mensaje por el bicentenario de la independencia, Castillo Terrones enfatizó que su gestión “frenará los abusos de los monopolios que cobran sumas elevadas por bienes y servicios básicos, como el gas doméstico y las medicinas”.
En esa línea, el Ejecutivo presentó al Congreso una cuarta reforma constitucional para prohibir los monopolios, oligopolios y concertación de precios, así como el abuso de posiciones dominantes en el mercado en pro de la libre competencia.
No obstante, especialistas como el economista José Tavara, explicaron a La República que la iniciativa tiene errores de formulación, dado que la legislación actual persigue ya la colusión y abuso de la posición de dominio.
“Creo que la ley está mal enfocada y desencaminada; lo que se debería hacer es fortalecer Indecopi en línea con lo sugerido por OCDE”, recomendó.
El mandatario señaló que el Banco de la Nación “deberá estar en capacidad de ayudar al ciudadano con todos los servicios disponibles” a partir de tasas de utilidad razonables para competir en el mercado privado “pero sin usura”.
Todo ello no pasó de una mera declaración. Con el paso de los meses, fue desde la Comisión de Defensa del Consumidor que se impulsó un proyecto para que el BN otorgue préstamos desde S/ 500 hasta S/ 60.000 a los micro y pequeños empresarios, y con tasas inferiores a las del mercado: de entre 10% y 45% el mercado actual oscila entre 15% y 90%—. Hasta la fecha, sigue estancada esta iniciativa en el Legislativo.
El Gobierno de Pedro Castillo prometió en varias ocasiones priorizar la reforma de pensiones, pero hasta ahora no hay avances. A casi un año de mandato, fue recién el pasado 10 de julio que se creó la Comisión Multisectorial para elaborar los informes técnicos que contengan una evaluación del sistema previsional peruano, así como una propuesta normativa para crear el nuevo sistema de pensiones.
Esto se da en un contexto en que los afiliados a las AFP muestran su descontento por las pérdidas de sus fondos individuales, debido a la rentabilidad negativa de estas inversiones que llevan ya siete meses en caída. Además, está en marcha un nuevo retiro de fondos, tras promulgarse la Ley 31478.
Castillo sostuvo que impulsarán las compras estatales de productos locales nutritivos y de calidad para frenar el hambre y la desnutrición en las zonas rurales y urbanas.
Recientemente, el presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Chira, Ángel Zapata, advirtió que aún se sigue beneficiando a las grandes empresas en la participación de programas sociales como Qaliwarma y vasos de leche.
Al respecto, el titular del Produce, Jorge Luis Prado, señaló —en el marco de una reunión con productores de arroz— que “para hacer efectivas las compras estatales, tenemos que trabajar en asociatividad”, poniéndose a disposición para dar pasos certeros.
Castillo recalcó que se iban a ejecutar reglas claras para el sector minero, pero la conflictividad social y el desentendimiento de anteriores nombramientos en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) han puesto al sector contra las cuerdas.
Asimismo, pese al pedido de facultades tributarias para intensificar la recaudación en un contexto de sobreganancias mineras, desde el Congreso no se le dio el visto bueno a este capítulo. Desde entonces, el tema no volvió a mencionarse en la agenda del Ejecutivo.
Otra de las cartas de Pedro Castillo es la segunda reforma agraria, pero esta se encuentra estancada. Dejó así en stand by los cambios en tecnificación, riego e industrialización que se prometió para beneficio de 2,2 millones de pequeños agricultores.
A criterio de Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), la principal razón de la frustrada segunda reforma agraria es la ausencia de una norma que respalde la medida; mientras que Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro (Conveagro), sostiene que sin un incremento presupuestal nunca existirá tal reforma.
Vale recalcar que las delegaciones multisectoriales del Consejo Nacional de Desarrollo Agrario y Rural, y el Gabinete de Desarrollo Agrario —creadas en enero— no han sido instaladas aún.