"Cobardía y sin argumentos técnicos": sindicatos cargan contra el Gobierno por desairar a fondos de inversión globales
El Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) rechazó las acciones del Poder Ejecutivo, liderado por la premier Denisse Miralles, tras no recibir a los grandes fondos de inversión del mundo como BlackRock, que además son acreedores de la petrolera estatal.
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La controversia por el desplante del Gobierno, cuyo gabinete ministerial reposa en Denisse Miralles, exministra de Economía, a las mayores gestoras de inversión del mundo sumó la reacción del Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP), que acusó al Ejecutivo de actuar con "cobardía política" y de no contar con "argumentos técnicos" para sostener el Decreto de Urgencia 010-2025, que encamina la privatización de la empresa estatal.
El pronunciamiento se produce luego de que representantes de fondos como BlackRock, PIMCO y Vanguard arribaran a Lima el 11 y 12 de febrero para sostener reuniones con el Ministerio de Economía, Ministerio de Energía y Minas, Proinversión y la propia Petroperú, a fin de conocer el alcance del decreto que publicó el censurado José Jerí en las postrimerías del 2025. Las citas fueron canceladas y los inversionistas regresaron sin respuestas formales, según fuentes de este diario.
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Según el gremio, el hecho de no recibir a los bonistas, que concentran alrededor del 70% de la deuda internacional de Petroperú, estimada en unos US$3.000 millones, evidencia que el Gobierno "no tiene sustento técnico para defender una norma que atenta contra el patrimonio nacional".
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Piden frenar el DU mientras se resuelve en el TC
En su comunicado, el frente gremial de trabajadores exigió la derogatoria inmediata del DU 010-2025 y cuestionó que el Gobierno avance con la reestructuración mientras el Tribunal Constitucional evalúa la demanda de inconstitucionalidad que presentó el defensor del pueblo Josué Gutierrez contra la norma.
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"Actuar por encima del TC es un atropello al Estado de Derecho y una provocación a la clase trabajadora (...) El plantón a los inversionistas es síntoma de un gobierno que ya no tiene rumbo", afirman y advierten sobre una posible "alerta de lucha nacional" si no se paraliza la implementación del decreto.
El gremio responsabilizó directamente a la presidenta del Consejo de Ministros Denisse Miralles y al Ministerio de Energía y Minas por cualquier escenario de paralización o tensión en el abastecimiento de combustibles que pudiera generarse en el marco del conflicto.
"Convocamos a todos los sindicatos de base, a las organizaciones sociales y al pueblo peruano a mantenerse en pie de lucha. No somos ajenos a que este plantón a los inversores es síntoma de un gobierno que ya no tiene rumbo y que, en su desesperación, pretende saquear la joya de los peruanos: nuestra empresa de petróleo", reza el pronunciamiento.
Presión financiera y reputacional
El desaire a los acreedores mantiene la atención del mercado financiero internacional. Petroperú es una empresa cuyas acciones pertenecen en 100% al Estado, por lo que cualquier tensión en su capacidad de repago puede tener implicancias reputacionales para el soberano, tal como lo afirmó Moody's en entrevista con La República.
Varios de los fondos que poseen bonos de la petrolera también son tenedores relevantes de deuda pública peruana. En ese contexto, el manejo político del decreto y la relación con los acreedores es observado con cautela por analistas y calificadoras.
