Segunda reforma agraria: la gran deuda de Pedro Castillo

La segunda reforma agraria fue una de las principales promesas de Pedro Castillo en su carrera por llegar a Palacio. De hecho, es el tercero de los siete ejes del “Plan Bicentenario sin Corrupción” que presentó Perú Libre como plan de gobierno durante la segunda vuelta electoral del 2021.

Sin embargo, ahora, a punto de cumplir un año en el poder y con cinco ministros de Agricultura a cuestas, la promesa que beneficiaría principalmente a los 2,2 millones de pequeños agricultores que existen en el Perú sigue siendo eso: una promesa.

El 3 de octubre del 2021, desde la fortaleza de Sacsayhuamán, el presidente Castillo hizo el lanzamiento oficial de la iniciativa a favor del agro. Prometió apoyo financiero para los agricultores dedicados a la pequeña agricultura o agricultura familiar, tecnificación, riego, industrialización y valor a sus productos. El mes siguiente, mediante un decreto supremo, aprobó los cinco lineamientos que regirían la reforma (ver infografía). No obstante, es poco o nada lo que se ha avanzado.

Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), indica que la principal razón del estancamiento de la segunda reforma agraria es la ausencia de una norma que respalde la medida. “Todo lo dicho entorno a la reforma agraria estaba en las manos del Ejecutivo, y más si se pensaba en hacer cambios legislativos (...). Ningún proyecto del ley del Ejecutivo llegó a la Comisión Agraria”, menciona.

Por su parte, Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro (Conveagro), señala que, al no existir un incremento presupuestal para el sector agrícola, “no va a existir ninguna reforma agraria”.

En tanto, Eduardo Contreras, gerente general de la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios (Conajup), precisa que para ejecutar la segunda reforma agraria, además de al menos “triplicar el presupuesto asignado al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)”, es necesario una mayor interacción entre el Gobierno y los agricultores. Esto para determinar qué políticas públicas se deben implementar.

“(Se necesita) que el Gobierno trabaje de la mano con la sociedad. Los planteamientos que hacen siguen siendo de gabinete”, menciona.

En la misma línea, el exministro de Agricultura Federico Tenorio manifiesta que el fracaso de la segunda reforma agraria está asociado a los constantes cambios de ministros en la cartera y a la falta de voluntad política de la actual gestión. Al respecto, hace referencia al Consejo Nacional de Desarrollo Agrario y Rural y el Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural, delegaciones multisectoriales creadas en enero de este año para -entre otras funciones- hacer seguimiento a las medidas dictadas como parte de la reforma. No obstante, hasta la fecha no han sido instaladas.

“Eran muy interesantes como esquemas porque de lo que se trataba es de desarrollar una intervención multisectorial en el mundo rural y agrario. Lamentablemente, nada de eso se ha implementado”, destaca.

Sugerencias para destrabar la reforma

El exministro Tenorio plantea que para impulsar la segunda reforma agraria el Ejecutivo debe asignar mayor presupuesto a entidades y programas existentes que estén relacionados con los lineamientos de la reforma. “Lo que hace la reforma es recuperar algunos programas de financiamiento, asociatividad y promoción de la agroindustria”, menciona.

En ese sentido, sugiere que una medida apropiada del Gobierno sería asignar mayor presupuesto a Agrobanco a fin de poder otorgar créditos a los pequeños agricultores.

Además, indica que se debería potenciar programas como Agroideas, que fomenta la industria rural, así como de Sierra Azul “para hacer infraestructura de riego y garantizar seguridad hídrica” a través de la siembra y cosecha de agua para los pequeños agricultores.

Agro en emergencia

En palabras de Laureano del Castillo, el balance del agro en general “ha sido decepcionante” durante el primer año de la actual gestión.

Entre los elementos que han impulsado el resultado desalentador se encuentran la falta de previsión del Gobierno y factores internacionales como la crisis ocasionada por la pandemia, así como por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que repercutieron en el alza de los fertilizantes y de otros insumos agrícolas, según el especialista de Cepes.

En efecto, el incremento de los precios de los fertilizantes motivó a que el 19 de marzo el Ejecutivo declare en emergencia al sector agrario y riego por 120 días calendarios. La semana pasada la medida se prorrogó 167 días más; es decir, hasta el 31 de diciembre.

Como parte de esta disposición, se realizó un plan de emergencia con 35 medidas para afrontar la crisis. Sin embargo, Clímaco Cárdenas considera que este documento “es solamente nominal, ya que no se puede hacer absolutamente nada si no se consideran presupuestos nuevos”.

“Es imposible (ejecutarlo) cuando no se incluye en el documento resolutivo al Ministerio de Economía ni a los gobiernos regionales y locales, a no ser que se corrija”, explica.

La compra de la urea

El 18 y 19 de julio cerca de 500.000 agricultores de la Conajup acataron un paro de nacional de 48 horas. Entre sus demandas se encontraba la compra y distribución oportuna de la urea que adquirirá el Gobierno para salvar la campaña agrícola 2022-2023. Pues la elección de un postor se ha convertido en un reto para el Midagri. Desde hace más de un mes ha convocado tres veces a concursos internacionales, dos de ellos no han tenido éxito y el tercero se encuentra en marcha.

Según el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, el fertilizante llegaría al país durante la segunda quincena de agosto. A la fecha, se han identificado 154.956 beneficiarios, de acuerdo con datos del portal del Midagri.

Los gremios estiman que el retraso en la llegada de la urea afectaría hasta un 30% de las siembras de la próxima campaña agrícola. Hasta el momento se ha reducido la intención de siembra en 164.785,46 hectáreas a nivel nacional, reportó la última Encuesta de Intenciones de Siembra (ver infografía).

La reforma agraria en el Congreso

El Ejecutivo no ha presentado ningún proyecto de ley sobre la segunda reforma agraria, pero existen dos propuestas legislativas sobre el tema.

Una de ellas pertenece al congresista y extitular del Midagri Oscar Zea, que presentó el proyecto de ley en noviembre del 2021. Se encuentra en la Comisión de Economía y en la de Descentralización.

La otra iniciativa es del congresista Guillermo Bermejo, de Perú Democrático, que fue presentada el 27 de junio como ley que promueve la tecnificación e industrialización del agro nacional como pilares de la segunda reforma agraria.

Reacciones

Pedro Castillo, presidente de la República

“En las designaciones de nuestros ministros del sector nos ha faltado darle espacio a los verdaderos dirigentes. Invoco al ministro que hagamos juntos la reforma agraria con estos hombres del campo”.

Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro

“En cuanto a la reforma agraria, nuestra opinión es que, en vista de que no hay ningún incremento del presupuesto sectorial, no va a existir ninguna reforma (...), tiene que haber una discusión de presupuesto”.

La clave

Anuncios en espera. El viernes, durante una reunión con diversos gremios agrarios, el presidente Castillo dijo que el 28 de julio anunciará una serie de medidas para el sector. Conajup esperará el mensaje a la nación para decidir si convocan nuevo paro agrario.

Hay poca prioridad y claridad en el gobierno

Enfoque por Eduardo Zegarra, por investigador de Grade

Lo más destacable fue la creación del fondo para la mujer rural que logró entrar al presupuesto de este año por S/30 millones y se destina por primera vez un programa específico para mujeres rurales, algo que no había existido hasta este momento. Otra cosa que me pareció importante, pero que no se ha continuado, es la ley de cooperativas agrarias. Fue aprobada pese a la oposición que tuvo el Ministerio de Economía y Finanzas, pero esta ley tan importante no ha sido reglamentada hasta el momento.

En tercer lugar, diría que el reglamento de la ley de compras públicas de alimentos. Se logró ya aprobar un reglamento en el Ministerio de Agricultura; sin embargo, hasta ahora el Gobierno no logra implementar ningún tipo de mecanismo para comprarle alimentos a la agricultura familiar para los programas alimentarios como Qali Warma y otros. Ahí había un instrumento muy potente e interesante, pero que no se ha activado. El Gobierno no consigue organizar ningún mecanismo de compra.

Se aprobaron los lineamientos de la segunda reforma agraria en noviembre del año pasado mediante un decreto supremo. Se crearon dos instancias fundamentales para el proceso que eran el Consejo Nacional de Desarrollo Agrario Rural y el Gabinete de Desarrollo Agrario Rural, pero hasta ahora no se ha instalado nada. Creo que hay un total abandono de la propuesta inicial. Ha habido muchos cambios de ministros y poca claridad, además de poca prioridad del tema en el Gobierno.