Congreso quiere aprobar ley que perjudicará a los jubilados

El Congreso, a propuesta de congresistas de Fuerza Popular, se propone aprobar una ley en el sector eléctrico que permitiría a los bancos, grandes tiendas y empresas medianas pagar menos por su consumo eléctrico, pero perjudicando a los clientes residenciales.

La norma se promueve como una de apoyo a las pymes, pero en la realidad, de acuerdo con fuentes del sector, beneficiará solo a dos empresas generadoras eléctricas que perdieron ingresos cuando el 2020 la Corte Suprema derogó el decreto supremo 043-2017 que había distorsionado el mercado eléctrico.

De nuevo, el gran perjudicado será el usuario residencial que verá incrementado su recibo de luz y en forma inmediata Electroperú, y por consiguiente al Fondo Consolidado de Reservas que provee de recursos a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para pagar pensiones a los jubilados.

Ellos terminarán subsidiando la electricidad de las grandes empresas.

Urgencia peligrosa

Los proyectos de ley 900 y 937 fueron agendados de manera apresurada y sin el debido debate el último viernes, que fue feriado, para ser aprobados en una sesión convocada para este lunes 27 de junio a las 10:00 de la mañana en la Comisión de Energía y Minas.

Sus promotores tienen el objetivo, advierten las fuentes, de aprobarlo en la presente legislatura ampliada que va hasta el 8 julio. Los proyectos se aprobarían sin haber escuchado la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas y la ONP. El Minem, Osinergmin y COES se han pronunciado en contra.

El congresista Juan Burgos Oliveros le había pedido al presidente de dicha comisión, el congresista de Acción Popular Enrique Alva Rojas, que se invite al jefe de la ONP, el MEF y al presidente de Electroperú para evaluar los efectos colaterales de ambos proyectos.

Alva estuvo de acuerdo en convocarlos, pero en cambio puso en agenda el proyecto para su aprobación. “Como expuse en dicha sesión, los proyectos de ley en cuestión estarían atentando contra las pensiones de miles de jubilados de la ONP, en tanto que Electroperú se estaría perjudicando al pagar un consumo mínimo a dos generadores, sin importar el consumo real de los clientes regulados”, expresó Burgos, en un oficio que el mismo viernes le remitió a Alva.

El mercado en disputa

El mercado eléctrico por el lado de los usuarios está compuesto por los clientes regulados y los clientes libres. Los clientes regulados son los ocho millones de usuarios domiciliarios, bodegas y pequeños negocios.

Los clientes libres son 2.500 grandes consumidores que integran los bancos, centros comerciales, fábricas y grandes empresas. Los clientes domiciliarios le compran la energía a las distribuidoras de eléctricas: once son estatales y hay tres privadas, en Lima e Ica.

En cambio, los 2.500 regulados le compran directo a las generadoras eléctricas. Actualmente, ellos pagan un 50% menos que un usuario residencial por el costo de luz eléctrica, que puede llegar por el mismo cable.

Los proyectos 900 y 937 proponen incluir entre los clientes libres a unas 10 mil pymes que podrán contratar energía eléctrica con las generadores y, por lo tanto, dicen que reducirán sus gastos y mejorarán sus ingresos.

Pero como nada es gratis, alguien deberá asumir los costos.

Allí está la trampa. En principio, las distribuidoras perderán clientes y tendrán excedentes de energía que ya compraron y deberán pagar, pues firman contratos de compra de energía a largo plazo.

Después, en uno o dos años, cuando vuelvan a salir de compra, pedirán menos energía, por lo que para compensar sus ingresos y ganancias incrementaran sus costos a los usuarios residenciales.

Luego, el gran vendedor de las distribuidoras es Electroperú. La entidad estatal le compra electricidad, especialmente a las generadoras Cerro del Águila y Chaglla por cantidades y costos fijos.

Eso le vende a las distribuidoras y a los usuarios regulados. Los contratos vigentes obligan a Electroperú a comprar cantidades fijas de energía, independiente de si los usuarios regulados y las distribuidoras la necesiten.

Así, si la norma en discusión se aprueba, tendrá un producto que no podrá vender, pues las distribuidoras tendrán menos clientes. Eso afectará sus ganancias que van al Fondo de Reserva para pagar a los pensionistas de la ley 19990.

Los especialistas calculan que las distribuidoras privadas y Electroperú podrían tener pérdidas por 1,500 millones de soles, en un periodo de cinco años, de aprobarse el mencionado proyecto de ley.

De allí la necesidad de que se realice un mayor debate para conocer a quien realmente va a beneficiar el incluir a las pymes entre los clientes libres.

“Hay un negociado a favor de las empresas generadoras”

“Esto no es regular el mercado. Es evidente un negociado a favor de las empresas generadoras de electricidad y perjudicando a Electroperú y con ellos a los miles de pensionistas de la ley 19990″, opinó el abogado de los fonavistas, Raúl Canelo.

Anotó que el proyecto de ley que el lunes pretende aprobar la Comisión de Energía y Minas busca sacarle la vuelta al fallo de la Corte Suprema que anuló el decreto supremo 043-2017, volviendo a distorsionar el mercado eléctrico, a favor de una o dos empresas generadoras.

“En un día feriado han acordado agendar a votación el proyecto sobre portabilidad eléctrica con la sola opinión de la Sociedad Nacional de Industrias y sin escuchar la opinión de Electroperú, la ONP y a los representantes de los pensionistas y fonavistas”, explicó.

Recordó que la distorsión del decreto 043-2017 generó millonarias perdidas a Electroperú.