Caen Los Injertos del Rímac Nueva Generación: exigían cupos de S/120 semanales a colectiveros y pagos de S/50.000 a empresarios

En un megaoperativo realizado la madrugada de este lunes, representantes de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada (Equipo 4) y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticularon a la organización criminal denominada Los Injertos del Rímac Nueva Generación.

La intervención, realizada en los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho, permitió la detención de 12 personas, entre ellas de Joel Ruiz, alias 'Tanque' y presunto cabecilla de la banda, así como de su lugarteniente y otros mandos principales de la red que se habría dedicado a cometer graves ilícitos penales como extorsión, robo y homicidio.

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Detenidos y material incautado

Entre los investigados detenidos como parte del operativo figuran Joel Ruiz (a) "Tanque", Yhailin Garcia (a) "La Chama", Moisés Contreras (a) "Moisés", Miguel Caceda (a) "Miguelón", Marcos Requin (a) "Marquitos", Gladys Gutiérrez (a) "Gladys", Luiz Malave (a) "Gonzalo", Jordan Salas (a) "Yambi", Javier Matsuoka (a) "Nando" y Jefferson Marino (a) "Jefri".

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Durante las diligencias de allanamiento e incautación, los agentes hallaron sumas de dinero en efectivo, armas de fuego, dinamita, mechas explosivas, cuadernos de notas, líneas telefónicas, códigos QR de pago y dispositivos electrónicos. Además, inmovilizaron vehículos que eran utilizados presuntamente como instrumentos del delito.

Pagos exigidos a colectiveros y empresarios

Según la Fiscalía, la red se habría encargado de cobrar cupos a los colectiveros informales que cubren rutas como Plaza Vea, Piratas, Tortas, Grifo, San Basilio, Gonzalo y La Cuchilla, en los que se exigía un pago inicial de inscripción por vehículo que oscilaba entre S/150 y S/250. A ello se sumaba una cuota semanal de S/120 y un cobro diario por cada salida efectuada que iba de S/1 a S/2.

Una segunda modalidad delictiva estaba dirigida contra los propietarios de inmuebles, dueños de obras de construcción y empresas en todo el distrito del Rímac. A estas víctimas se les exigía el pago de montos extorsivos que bordeaban entre los S/20.000 y S/50.000, bajo amenazas de atentar contra sus vidas, la de sus trabajadores o la de sus familiares.