Paro de transporte de carga pesada por alza de combustibles: conoce las regiones que acatan la medida y las acciones del Ejecutivo
Los transportistas exigen la reducción de precios de combustibles, medidas contra la inseguridad vial y regulación adecuada en el sector, presentando sus demandas al MTC y Minem.
La República en GoogleEl paro de transporte de carga pesada y otros gremios aliados mantiene paralizaciones focalizadas e indefinidas en distintas regiones del Perú, principalmente en el sur y el oriente del país. Los transportistas reclaman medidas frente al incremento de los combustibles, además de cambios en las condiciones que regulan su actividad.
La protesta tiene entre sus principales demandas la reducción del costo de los carburantes, medidas frente a la inseguridad en las carreteras y una regulación que permita establecer condiciones de competencia para el transporte nacional. Los gremios plantean sus pedidos ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
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¿Qué regiones acatan el paro de transporte de carga pesada?
En Pucallpa, región Ucayali, la medida de fuerza tiene carácter indefinido. Los manifestantes han bloqueado diferentes tramos estratégicos de la carretera Federico Basadre, una de las principales vías de conexión de la zona. A esta situación se suma la preocupación por el abastecimiento de combustibles, debido a las dificultades relacionadas con el traslado de cisternas desde la Refinería La Pampilla y una disputa por pagos de Petroperú. El escenario genera una advertencia sobre un posible desabastecimiento total del combustible en la región.
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En Tacna, los transportistas cumplieron una paralización de 48 horas durante el lunes 10 y martes 11 de agosto. Las movilizaciones fueron reportadas como pacíficas, pero la protesta tuvo consecuencias en otros servicios. La Dirección Regional de Educación suspendió las clases presenciales durante ambas fechas en los colegios donde el paro pudiera dificultar el desplazamiento seguro de estudiantes, docentes y trabajadores.
Mientras tanto, en Loreto, los gremios fluviales y de transporte también se han sumado a las convocatorias de protesta registradas durante los últimos días. La participación de estos sectores responde a las mismas demandas planteadas frente al aumento de los combustibles y las condiciones económicas que afrontan los transportistas.
Por otro lado, el panorama en Arequipa está marcado por una masiva paralización del transporte urbano que ha dejado a miles de ciudadanos varados, suspendido las clases escolares presenciales y desatado un fuerte conflicto legal entre el municipio provincial y las empresas concesionarias. El gremio de transportistas del Sistema Integrado de Transporte (SIT) acata esta medida de fuerza en rechazo directo a la orden de la Municipalidad de retornar la tarifa del pasaje urbano a S/1.00, luego de que las empresas lo incrementaran de manera unilateral a S/1.30. Esto provocó la reacción de la alcaldesa de Arequipa, Ruccy Oscco, quien ordenó a las concesionarias mantener el precio del pasaje o derivará en la resolución de sus contratos si mantienen el abandono de sus rutas.
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¿Qué piden los transportistas al Gobierno?
Entre las principales demandas figura la reactivación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y una reducción o exoneración temporal del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a los carburantes. También solicitan información técnica sobre la situación del gas y los problemas relacionados con el gasoducto del sur.
Los transportistas reclaman además que la tabla de valores referenciales y costos operativos elaborada por el MTC se convierta en una tarifa mínima obligatoria, con el objetivo de evitar que los servicios de carga sean contratados por debajo de sus costos reales.
Otro punto del pliego está relacionado con la seguridad. Los gremios denuncian robos de mercancías y extorsiones en carreteras, terminales y paraderos informales. También solicitan mayores controles sobre el ingreso de camiones procedentes de países vecinos, debido a lo que consideran una competencia desleal vinculada al precio subsidiado de los combustibles en esos mercados.
