Translima suspende servicio tras ataque con explosivo en SMP: denuncia extorsiones de seis bandas criminales
El atentado ocurrió en San Martín de Porres y fue grabado por el propio atacante, quien envió el video a choferes y cobradores. Las mafias exigen hasta S/55 diarios por unidad y pagos de inscripción de hasta S/50.000, mientras la PNP anunció operativos permanentes.
La República en GoogleLa empresa de transporte público Translima suspendió todas sus operaciones luego de que un delincuente lanzara un artefacto explosivo contra uno de sus buses en el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Panamericana Norte, en el distrito de San Martín de Porres. El ataque, atribuido a mafias dedicadas a la extorsión, ocurre en medio de las denuncias de la compañía sobre amenazas de seis organizaciones criminales que exigen el pago de cupos para permitir el funcionamiento de sus unidades.
Según la información difundida por América Noticias, el propio atacante grabó el atentado y envió el video mediante WhatsApp a los teléfonos de choferes y cobradores de la empresa. Los trabajadores señalaron que el explosivo llevaba la firma de la organización criminal denominada Centauro, mientras que la Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables.
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La suspensión del servicio responde al incremento de las amenazas contra la empresa, cuyos representantes sostienen que los cobros extorsivos alcanzaron un nivel insostenible para continuar operando.
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Transportistas denuncian nuevos cobros extorsivos
De acuerdo con los transportistas, la flota de 60 buses de Translima paga desde el año pasado S/55 diarios por cada unidad a cuatro organizaciones criminales identificadas como Centauro, Tren de Aragua, Los Norteños y Los Papis. Los trabajadores indicaron que aceptaron estos pagos para evitar atentados contra conductores y cobradores.
Sin embargo, en las últimas semanas dos nuevas bandas comenzaron a exigir dinero a la empresa. Según uno de los transportistas, una organización pidió una inscripción de S/30.000, además de un pago diario de S/20 por vehículo, mientras que otra solicitó S/50.000 como cuota inicial y S/15 diarios por cada unidad.
Los representantes de Translima señalaron que la negativa a aceptar estas nuevas exigencias desencadenó el atentado con explosivos ocurrido en San Martín de Porres. La acumulación de pagos, añadieron, volvió inviable mantener el servicio.
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Ataques contra la empresa
Este no es el primer hecho violento que enfrenta Translima. Los registros policiales indican que el 21 de junio de 2025 delincuentes asesinaron al conductor Marcial Oré Huatuco cuando salía del depósito vehicular ubicado entre las avenidas Izaguirre y Bertello (San Martín de Porres) para iniciar su jornada laboral.
Dos meses después, otro chofer de la empresa murió en un nuevo ataque armado ocurrido en la misma zona, ubicada entre San Martín de Porres y el Callao.
La violencia continuó este año. El 28 de julio, un bus de la línea 18 de Translima recibió varios disparos mientras circulaba por Carabayllo con pasajeros a bordo. Aunque el ataque no dejó fallecidos ni heridos de gravedad, reforzó la preocupación de los trabajadores por la falta de seguridad.
Ante esta situación, los transportistas solicitaron la intervención de las Fuerzas Armadas y un mayor despliegue policial en los paraderos iniciales y finales de las rutas para frenar las extorsiones.
PNP anuncia operativos permanentes
Tras el atentado contra Translima, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, anunció que los operativos contra la extorsión en el transporte público serán permanentes y se realizarán todos los días en zonas consideradas críticas.
El anuncio se realizó durante un operativo en Puente Piedra junto con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el Ministerio Público. Según Arriola, la intervención permitió la captura de tres presuntos extorsionadores antes del inicio de las acciones. Uno de ellos registraba una detención previa por extorsión y tenencia ilegal de armas en 2022.
El jefe policial indicó que los operativos incluyen la verificación de antecedentes, requisitorias y sanciones de conductores y vehículos mediante el intercambio de información con la ATU. Asimismo, indicó que la Policía coordina con las Fuerzas Armadas la ejecución de la nueva estrategia de seguridad anunciada por el Gobierno para reforzar el control en establecimientos penitenciarios y otros puntos estratégicos en la lucha contra el crimen organizado.
