Condenan a exfuncionarios del Callao por sobrecostos de más de S/7.4 millones en la av. Néstor Gambetta
Los extrabajadores del gobierno regional recibieron hasta siete años de prisión efectiva por concertar ilegalmente para elevar el presupuesto del servicio de áreas verdes en la concurrida avenida.
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El Poder Judicial condenó hasta por siete años y seis meses de prisión efectiva a una red delictiva integrada por exfuncionarios del Gobierno Regional (GORE) del Callao y otras personas, tras determinar que el grupo direccionó y sobrevaloró la contratación del servicio de áreas verdes en la avenida Néstor Gambetta, lo que generó un perjuicio de S/7.456.496,42.
La sanción fue impuesta a la excoordinadora general de la administración del proyecto Gambetta, Elena Delgado, y al gerente general de la empresa Pradera Grass E. I. R. L., Aybar Roca. En tanto, el exinspector del servicio del GORE Callao, Fernando Barberena, y el arquitecto locador externo, Henry Lazarte, recibieron seis años de prisión efectiva.
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Hubo concertación ilegal
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao (Segundo Despacho) demostró que los exfuncionarios concertaron ilegalmente, entre 2013 y 2014, con el empresario para defraudar al Estado mediante la manipulación de términos de referencia, la sobrevaloración de presupuestos, ampliaciones de plazo injustificadas y recepción de servicios deficientes o no ejecutados.
Durante el juicio oral, la fiscal provincial María Edith Canales fundamentó los cargos por colusión agravada y falsedad genérica con prueba indiciaria, pericias que confirmaron la adulteración de informes para elevar montos e inspecciones físicas de la Contraloría, las cuales identificaron la paralización de las obras y materiales deficientes en comparación con lo pagado.
Inhabilitación y reparación
Además de los años de condena que deberán cumplir en prisión, los sentenciados fueron inhabilitados para ejercer cualquier cargo público y para contratar con el Estado por el mismo periodo de la pena privativa de libertad, según corresponda. Asimismo, todos ellos, junto con la empresa declarada como tercero civilmente responsable, deberán pagar S/8.472.496,42 por concepto de reparación civil a favor del Estado.
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