Río Rímac con aguas negras: Defensoría exige investigar y sancionar a culpables por contaminación

Una grave contaminación afecta la principal fuente de agua potable para Lima y el Callao. La Defensoría del Pueblo confirmó la presencia de aguas negras en el río Rímac desde esta semana y demandó la intervención urgente de las entidades competentes para identificar a los responsables.

“La evidencia es alarmante y exige una respuesta inmediata de las autoridades”, señaló la institución a través de un video difundido el 19 de junio, en el que se aprecia la coloración oscura a lo largo del caudal rímense. El organismo también solicita sanciones ejemplares que disuadan futuros atentados contra el principal recurso hídrico de la ciudad.

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Exigen acción de entidades

La Defensoría exhortó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), como ente rector, a activar sus mecanismos de fiscalización y supervisar de manera inmediata los puntos de vertimiento en la cuenca del río Rímac. Asimismo, llamó a la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass) a fiscalizar a las empresas prestadoras de saneamiento, como Sedapal, por el cumplimiento de sus obligaciones técnicas.

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Por otra parte, pidió al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que continúe con las investigaciones y determine con claridad las actividades específicas que originaron estos hechos, así como a los responsables. También solicitó que el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Lima intervengan en el marco de sus competencias para la protección del cauce.

Contaminación encarece servicio

Carlos Fernández, adjunto de administración estatal en la Defensoría del Pueblo, señaló al programa '24 Horas', de Panamericana Televisión, que este hecho genera especial preocupación debido a que el agua del río Rímac es captada por la empresa Sedapal y, luego de ser tratada, se utiliza para abastecer a la ciudad.

Asimismo, alertó que, cuando la calidad de las aguas se ve afectada por agentes externos, el costo de la limpieza de este recurso hídrico para que sea potable se incrementa. Debido a ello, resaltó que se necesita con urgencia la intervención de las autoridades, pues el Estado tiene el deber de garantizar el derecho al agua segura, a la salud y a un ambiente sano.

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